Acción Verde | El Portal Ambiental de la República Dominicana Todo lo relativo al Medio Ambiente y Recursos Naturales con énfasis Cambio Climático y Areas Protegidas
Primero de cinco
Los ríos no se curan por camionadas
Luis Carvajal
Una serie para comprender la extracción de materiales, examinar sus alternativas y defender la vida de nuestros ríos con conocimiento y vigilancia ciudadana.
Al río le encontraron una enfermedad muy conveniente: tenía arena. También grava. Llegaron los especialistas con retroexcavadoras y anunciaron que iban a salvarlo. El tratamiento consistía en llevarse lo que podían vender. Si el paciente empeoraba, necesitaba otra intervención. Si volvían a depositarse materiales, necesitaba mantenimiento. El río podía perder el cauce; el negocio nunca perdía la razón.
Así funciona el libreto que presenta la extracción comercial como limpieza, corrección del cauce o prevención de desastres. Las palabras llegan impecables. Para cuando alguien pregunta qué se está recuperando, una parte del río ya va camino de una construcción. Al paisaje le quedan los hoyos; al informe, los avances.
Hay intervenciones necesarias para proteger comunidades y reparar daños. Su justificación exige estudios y resultados comprobables. Una restauración se demuestra en el río, no en el letrero de la obra. Incluso una intervención útil para proteger un puente puede estar lejos de recuperar la vida del ecosistema.
La arena y las piedras forman parte del río. Sostienen su lecho, alojan organismos y viajan con la corriente. Declararlas sobrantes porque tienen comprador equivale a vender los cimientos de una casa alegando que estaban enterrados sin hacer nada. Antes de extraer hay que conocer cuánto material llega, cuánto sale y qué función cumple donde está.
Cuando se saca más de lo que el río repone, el fondo puede profundizarse y las orillas perder estabilidad. La erosión puede extenderse aguas arriba y aguas abajo. Eliminar vegetación y socavar las riberas agrava el daño. También pueden afectarse las bermas, esas franjas relativamente llanas junto a los taludes. El daño no se detiene a leer los límites del permiso.
Al bajar el lecho puede descender el nivel del agua subterránea cercana y afectarse pozos, humedales y vegetación. Pueden quedar expuestas las bases de puentes, tuberías y tomas de acueductos. Las márgenes que se derrumban pueden llevarse cultivos y terrenos habitados. Qué singular prevención: vender materiales para construir mientras se debilita lo construido.
La remoción puede enturbiar el agua y liberar contaminantes previamente depositados. Los derrames de combustible añaden otro riesgo. Se destruyen refugios y lugares de reproducción; la pérdida de sombra puede calentar el agua. Peces y otros organismos pueden quedar atrapados en excavaciones. Mientras tanto, el informe celebra que el terreno quedó despejado.
Los caminos de maquinaria compactan suelos y alteran el drenaje. El polvo, el ruido y los camiones afectan también a quienes viven alrededor. Quedan riesgos de derrumbes, caídas, ahogamientos y accidentes laborales y viales. Algunas charcas pueden favorecer mosquitos. La llamada recuperación puede terminar repartiendo problemas entre el río, los trabajadores y el vecindario.
Los efectos pueden alcanzar la costa: reducir el aporte de arena favorece la erosión de playas vinculadas al río. En ciertos lugares, los cambios del cauce facilitan la entrada de agua salada. Estos daños dependen de las condiciones y de la intensidad de la extracción. Estudiar esas diferencias es una obligación técnica, ignorarlas es una violación que puede conducir a consecuencias de carácter criminal como las del techo del Jet Set.
También merece examen la promesa de evitar inundaciones. Retirar una obstrucción puede ser necesario. Profundizar o ensanchar sin estudiar la cuenca puede trasladar el riesgo a otra comunidad. Las lluvias intensas y las sequías encuentran entonces un territorio más frágil. Después resulta cómodo culpar al cielo: la lluvia no tiene abogado.
Para quienes defendemos la naturaleza, el daño empieza mucho antes de que caiga una vivienda. La vida del río tiene valor propio. Sus especies no necesitan demostrar utilidad comercial para merecer protección. Perder un hábitat cuenta aunque nadie haya calculado cuánto dinero deja de producir.
Por eso hablamos de posible resurrección. Recuperar funciones ecológicas puede tomar años, y algunas pérdidas son irreversibles. Un río sano puede tener curvas, varios brazos y bancos de arena. La línea recta entusiasma al dibujante; al río puede salirle cara.
En República Dominicana necesitamos exigir un diagnóstico previo, límites de extracción, fecha de terminación y mediciones que permitan comprobar mejoras. El seguimiento debe abarcar toda la zona afectada y considerar otras extracciones y obras. Si el beneficio depende de cada camionada vendida, hace falta vigilancia independiente. El paciente no debería financiar una operación interminable.
La sociedad debe estar atenta antes, durante y después de cada intervención. Con estudios públicos, organizaciones informadas, universidades presentes y comunidades capaces de registrar cambios, preguntar y proponer. Esa vigilancia debe ser permanente. El Estado conserva su obligación de proteger, fiscalizar y exigir reparación; la ciudadanía tiene que poder comprobar que la cumple.
Para empezar, bastan cinco preguntas: ¿Dónde está el estudio? ¿Cuánto van a sacar? ¿Cuándo terminan? ¿Quién comprueba la mejoría? ¿Quién responde por el daño? Si incomodan más que la excavadora, hay motivos para seguir preguntando.
Podemos admitir que un río necesite ayuda. Lo que debemos impedir es que la receta la dicte el precio de la grava. De tanto anunciar que venían a salvarlo, un día podemos descubrir que el río se fue por camionadas.
En el segundo de cinco: los sí y los no en el abordaje de los ríos y los agregados.
