Las denuncias ambientales pueden ayudar a detectar el daño cuando todavía es pequeño. El Estado debe responder y dar seguimiento; la ciudadanía puede alertar sin exponerse ni sustituir a las autoridades

Por Yeralffi Arache

En un artículo anterior planteaba una pregunta sencilla: ¿qué queda después de un operativo ambiental? La reflexión partía de reconocer que los operativos son necesarios, pero que su resultado debe durar. No basta con detener el daño por unas horas o unos días; hay que evitar que vuelva a repetirse.

Ahora quisiera mover la mirada hacia atrás. ¿Qué ocurre antes del operativo? ¿Cómo una extracción ilegal, una tala o una ocupación llega a crecer tanto? Muchas veces hubo señales: ruido de maquinarias, tránsito de camiones, cambios en el terreno o denuncias comunitarias.

La primera responsabilidad es clara. Corresponde al Estado hacer cumplir la ley, investigar las denuncias, inspeccionar, detener las actividades ilegales y aplicar las consecuencias correspondientes. Para eso existen el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Ministerio Público y las demás instituciones con competencia en estos temas. La ciudadanía puede ayudar a alertar, pero no debe sustituirlas.

Los datos oficiales permiten mirar una parte de esa ruta. Durante 2023, la Línea Verde del Ministerio recibió 1,248 denuncias ambientales. La memoria institucional de ese año las clasificó de esta manera: 600 atendidas, 124 en proceso y 524 no atendidas. Estas últimas representaban cerca del 42 % del total.

Ese dato no explica por qué cada caso quedó en una categoría. Algunas denuncias pudieron llegar incompletas o corresponder a otra institución. Tampoco permite evaluar, por sí solo, la situación actual. Pero sí muestra por qué el ciudadano necesita saber qué ocurrió con la alerta que presentó.

En abril de 2024 se produjo un avance que debe reconocerse: el Ministerio presentó la aplicación Línea Verde RD. Permite enviar fotografías o videos, registrar la ubicación y consultar el estado de la denuncia. La institución anunció el compromiso de informar, en un plazo máximo de quince días, las acciones encaminadas respecto al caso.

La memoria institucional de 2024 registró 1,845 denuncias gestionadas mediante Línea Verde, pero no presentó el mismo desglose público entre atendidas, no atendidas y en proceso. El próximo paso es explicar cómo está funcionando: cuántas recibieron respuesta dentro del plazo, originaron una inspección, fueron enviadas a otra institución, terminaron en una medida o siguen pendientes.

Responder no debería significar solamente que el mensaje fue recibido. Con la reserva necesaria, debería conocerse cuándo se evaluó el caso, qué se encontró, qué acción se tomó y cuándo se volverá a verificar. Así el ciudadano podría distinguir entre una denuncia recibida y un problema atendido.

Monte Cristi ofrece un ejemplo de por qué la continuidad importa. En mayo de 2025, autoridades locales y ambientalistas denunciaron extracción de arena y otros materiales en los ríos Yaque del Norte, Guayubín y sus afluentes. El senador Bernardo Alemán afirmó que habían comunicado la situación a distintas instituciones, pero que les hacían caso por uno o dos días y luego la actividad volvía. La información describía cinco o seis retroexcavadoras y palas mecánicas, además de más de cien camiones.

Un caso así no se resuelve únicamente con presentarse una vez. Si la actividad se detiene por dos días y regresa al tercero, hubo una reacción, pero todavía no existe una solución estable. Hace falta entender quién organiza la operación, quién compra el material, cómo se moviliza y qué vigilancia o consecuencia puede impedir que continúe.

Algo todavía más serio ocurrió en Nigua. Una mina de materiales para construcción había sido sancionada y cerrada de manera definitiva en septiembre de 2025 por incumplir su permiso ambiental. Sin embargo, en enero de 2026 las autoridades comprobaron que continuaba operando ilegalmente. Días antes, un trabajador había perdido la vida en un derrumbe mientras realizaba labores de extracción en la mina clausurada. El Ministerio indicó que, por tratarse de una empresa que había repetido la violación, correspondía llevar el caso ante la justicia y que el SENPA debía mantener vigilancia permanente en la zona.

Estos casos no demuestran que todas las denuncias sean ignoradas ni que las autoridades no trabajen. Sí muestran que actuar una vez no siempre basta cuando existe dinero de por medio. La denuncia, la inspección, la sanción y el seguimiento deben ser parte de una misma respuesta.

Aquí aparece la otra parte de la reflexión. Un río no se extrae con cien camiones sin que nadie lo note. Una montaña no pierde árboles sin ruido. Una cañada no se convierte en vertedero de un día para otro. Generalmente hay personas que observan cambios, escuchan maquinarias, conocen las rutas o ven crecer una actividad que antes no existía. Esa información puede convertirse en una alerta temprana.

Pero alertar nunca debe significar enfrentarse a quienes podrían estar cometiendo un delito. Un hecho ocurrido en Tireo obliga a decirlo con claridad. En abril de 2024, un agricultor y defensor ambiental salió después de escuchar movimientos relacionados con la extracción de arena del río. Según el expediente difundido posteriormente, sostuvo una discusión con personas que se encontraban en el lugar. Fue asesinado y su cuerpo apareció dos días después. Dos hombres recibieron tres meses de prisión preventiva mientras continuaba la investigación.

Ningún ciudadano debe exponerse para detener una retroexcavadora, bloquear un camión o confrontar a una persona armada. Para intervenir están las autoridades. La participación segura puede consistir en informar la ubicación, la fecha, el horario y el tipo de actividad; aportar fotografías o videos únicamente cuando puedan obtenerse sin acercarse ni ser identificado; conservar el número del caso y preguntar qué respuesta recibió.

También debe ser posible denunciar sin que hacerlo se convierta en una prueba de valentía. Los canales institucionales tienen que proteger la identidad cuando corresponda, orientar al ciudadano y facilitar que la información llegue al área competente. Si la persona percibe que denunciar la expone o que nunca conocerá el resultado, el sistema pierde una de sus fuentes más valiosas de prevención.

Conviene hacer una diferencia importante: no es lo mismo callar por miedo que encubrir por conveniencia. El miedo es real, especialmente cuando existen intereses económicos, personas violentas o comunidades donde todos se conocen. A quien teme por su seguridad hay que protegerlo, no juzgarlo. La obligación de ofrecer canales seguros y responder sin exponer al denunciante es del Estado.

Pero como sociedad sí debemos hablar con franqueza del encubrimiento y de la normalización. A veces sabemos quién extrae la arena, quién corta los árboles, quién deposita los residuos, quién compra el material y quién se beneficia. Si el responsable es un desconocido, lo condenamos. Si es un vecino, un amigo, un familiar, un jefe o una persona con influencia, comienzan las excusas.

Encubrir no siempre significa esconder físicamente un delito. También encubrimos cuando avisamos al infractor que se acerca una inspección, prestamos nuestro nombre o un vehículo para facilitar la actividad, compramos materiales sabiendo que pueden tener un origen ilegal, callamos por un favor o justificamos lo ocurrido con frases como “eso siempre se ha hecho”, “es solamente un pedacito” o “déjalo, que está buscando lo suyo”. Cada una de esas acciones ayuda a que el daño continúe.

La cercanía con una persona no convierte en correcto lo que está mal. Generar empleos tampoco da derecho a destruir un río o incumplir una clausura. Si condenamos un delito ambiental cuando lo comete alguien que no conocemos, debemos aplicar el mismo criterio cuando lo comete alguien cercano. Proteger al infractor termina dejando sin protección el agua, el bosque, la playa o el suelo del que depende toda la comunidad.

Las organizaciones comunitarias, las juntas de vecinos y las asociaciones productivas pueden ayudar a presentar alertas de manera colectiva y segura. Las empresas y los proyectos de construcción también tienen una responsabilidad: preguntar de dónde vienen los materiales, exigir permisos y no comprar arena, grava u otros materiales cuyo origen no pueda justificarse. La protección no depende solo de quien ve salir el camión, sino también de quien crea la demanda y recibe su carga.

Esto no significa repartir las culpas por igual. La responsabilidad del Estado y la del ciudadano no son equivalentes. El Estado tiene autoridad, presupuesto, inspectores, cuerpos especializados y capacidad para sancionar. Cuando una denuncia no se investiga o una actividad clausurada vuelve a operar, la responsabilidad institucional no puede trasladarse a la comunidad. Hacer cumplir la ley corresponde al Estado; ayudar a construir una sociedad que no tolere el delito ambiental es una tarea compartida.

Las escuelas pueden enseñar esa diferencia con palabras sencillas. La educación ambiental no consiste solamente en amar la naturaleza o participar en una jornada de limpieza. También implica reconocer una amenaza, conocer los canales seguros para reportarla, comprender que no se debe intervenir por cuenta propia y aprender a dar seguimiento sin ponerse en riesgo.

Necesitamos autoridades que respondan más rápido, que investiguen, den seguimiento y expliquen qué ocurrió con las denuncias. Y necesitamos ciudadanos que denuncien antes, que insistan por canales seguros, que no encubran, que no normalicen y que entiendan que el río, el bosque, la playa o el área protegida no pertenecen solamente al Ministerio de Medio Ambiente. Son patrimonio de todos.

En el artículo anterior decía que una buena estadística sería conocer cuántos operativos dejaron de tener que repetirse. A esa idea debemos agregar otra: una buena política ambiental no debería esperar a que el daño sea tan grande que necesitemos un operativo. Debería ser capaz de escuchar una alerta cuando todavía es pequeña, investigarla a tiempo, actuar y volver a verificar. También debería encontrar una comunidad que no proteja al infractor, sino al recurso natural afectado.

La pregunta seguirá siendo válida cada vez que veamos un río destruido, una montaña talada o un área protegida ocupada: ¿dónde estaba Medio Ambiente? Tenemos derecho a hacerla. Pero también debemos formular una segunda: ¿y dónde estábamos nosotros? ¿Qué vimos, qué callamos y qué normalizamos?

El Estado tiene que llegar antes. Nosotros tenemos que dejar de mirar hacia otro lado. Porque proteger el ambiente también comienza cuando dejamos de proteger a quien lo destruye.

Fuentes para edición

1. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2023. Memoria Institucional 2023
2. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 27 de abril de 2024. Medio Ambiente presenta la aplicación Línea Verde para facilitar denuncias ambientales
3. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2024. Memoria Institucional 2024
4. Listín Diario, 1 de mayo de 2025. Autoridades y ambientalistas denuncian extracción de arena en ríos de Monte Cristi
5. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 27 de enero de 2026. Medio Ambiente interviene mina de agregados en Nigua por operar ilegalmente tras cierre definitivo
6. Diario Libre, 28 de enero de 2026. Mina en Nigua donde falleció trabajador había sido cerrada por incumplir permiso ambiental
7. Listín Diario, 19 de abril de 2024. Crónica judicial sobre la muerte de un defensor ambiental en Tireo
8. CDN, 22 de abril de 2024. Reporte sobre la muerte de un defensor ambiental y la extracción de arena en el río Tireo

El Nuevo Diario