Retos presentes y futuros de la República Dominicana

El ordenamiento territorial sigue como una materia pendiente para la República Dominicana, donde   industrias,  residencias y  comercios compiten por un mismo espacio,  afectando la calidad de vida de las personas y provocando el deterioro de los recursos naturales.

La Ley General sobre  Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), promulgada el 18 de agosto del año 2000, ordena  crear con peso de ley  un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en un plazo de tres años. Han pasado 12 años desde su promulgación y los avances han sido pocos.

Más aún, han aumentado las poblaciones  vulnerables con el incremento de asentamientos en las riberas de ríos, zonas de inundaciones y de riesgo sísmico, ante la mirada indiferente de las autoridades, que incluso levantan grandes construcciones públicas en lugares inapropiados.

Un caso a ilustrar es que la Avenida de Circunvalación y grandes  centros comerciales de Santiago han sido levantados encima de la falla Septentrional.

En esa misma ciudad decenas de barrios se han erigido a orillas del río Yaque del Norte, arroyos y cañadas, situación que se repite en el Gran Santo Domingo, en las riberas del Ozama y el  Isabela, así como en otras provincias.

Aunque existen  ejemplos de formulación de POT en Pedernales, Santiago, la zona turística de Bávaro y  Jarabacoa,  sus niveles de ejecución han sido muy bajos, o casi nulos.

Según el  informe “Política social: capacidades y derechos’’,  realizado por la Oficina de Desarrollo Humano a solicitud del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) “el patrón de crecimiento urbano ha sido definido principalmente por los promotores inmobiliarios y otros actores privados y no por normas establecidas por el Estado, provocando una expansión desordenada”.

La Oficina Nacional de Estadística estima en un 70%, la población urbana, es decir 6.3 millones de habitantes.

El informe cita que en los últimos 50 años la República Dominicana ha seguido un modelo de crecimiento que concentra casi la tercera parte de la población del país en la capital de la República y su área metropolitana, verificándose en los últimos años un proceso de conurbación (unión de ciudades por  crecimiento) con Haina, San Cristóbal, Boca Chica y Villa Mella.

Cita que fenómenos parecidos pero no de igual magnitud se presentan en  Santiago de los Caballeros, San Pedro de Macorís, La Romana y San Cristóbal, donde el denominador común ha sido el crecimiento desordenado sin la efectiva planificación de los servicios e infraestructuras que garanticen el desarrollo. Además que el “incremento en la cantidad de municipios ha influido de manera directa en la cantidad de habitantes que residen en zonas urbanas, porque automáticamente son creados, la cabecera de los municipios pasa a formar parte de las zonas urbanas”.

Servicios.  La falta de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario en una especie de “handicap” para el crecimiento de las ciudades dominicanas.

Según el anterior administrador de la Corporación de Acueducto y Alcantarrillado de Santo Domingo (CAASD), Freddy Pérez,  solo el 30% del territorio del Gran Santo Domingo estaba cubierto en la red de alcantarillado, por lo que el 70 por ciento de las aguas residuales del Distrito Nacional   va a parar al subsuelo a través de pozos filtrantes. Esto implica  contaminación de las aguas subterráneas.

Actualmente la CAASD  tiene   31 plantas de tratamiento de aguas servidas que trabajan por encima de su capacidad. En el territorio del DN y  la provincia de Santo Domingo viven más de dos millones de personas y existe un gran desarrollo industrial.

Las industrias.  Las zonas industriales de Herrera,  Haina, Nigua  (Santo Domingo y San Cristóbal) están bordeadas de residencias y comercios informales.  Recientemente en Herrera hubo un fuerte incendio en una fábrica de plásticos que puso en vilo la vida de los cientos de personas que residen al lado. Ni siquiera los hidrantes funcionaron.

Cabe destacar además que varias industrias están ubicadas en márgenes de  los principales ríos, como en el caso del Haina, Ozama, Isabela, Higuamo, Yaque del Norte. También la mayoría de las industrias están ubicadas en zonas de costas, lo que implica aumento de riesgos ante los ciclones tropicales y el cambio climático.

Minería.  Al pasado año la Dirección de Minería tenía  450 concesiones  en explotación, exploración y  solicitudes en trámites para ambas actividades. La mayoría de las concesiones están ubicadas  en regiones naturales productoras de aguas, lo que ha generado conflictos en comunidades rurales.

Turismo.  En el caso del turismo, la competencia mayor es con los recursos naturales. Muchos hoteles y restaurantes se ubican  en zonas de manglares, por debajo de los 60 metros de playa, en regiones frágiles de corales  o laderas de montañas. Amén de que   algunos establecimientos  no tienen paso de servidumbre y el acceso de las personas a las playas está prohibido.

Vertederos.  Un informe del Ministerio de Medio Ambiente y otras agencias, dado a conocer el pasado año, determinó la existencia de  270 vertederos  en el país, de los cuales  solo dos separaban  desechos:   el  de San José de Las Matas y el del distrito municipal de Las Placetas, del mismo municipio, en la  provincia de Santiago. La gran mayoría de los vertederos son a cielo abierto y  ubicados  en riberas de ríos.

Cuencas.  En el país también se observan asentamientos humanos en las grandes cuencas y se ubican poblaciones aguas abajo de sistemas de embalse, lo que ha generado pérdidas de vidas por desfogues de emergencia.  Para referencia,   las tragedias de  La Mesopotamia y la presa de Sabaneta en San Juan (septiembre del 1998) y Tavera en Santiago (diciembre del 2007).

Además de la ley ambiental existen otras 3 leyes que  abordan el tema del ordenamiento territorial: la que crea el MEPYD, la del DN y los Municipios y la de Gestión de Riesgo. Pero ese marco legal al parecer no ha sido suficiente para que el país detenga su crecimiento desorganizado.

Las inundaciones

Al 2011, la Defensa Civil tenía identificadas   1,100 comunidades  de todo el país  ubicadas en zonas  a inundaciones y de   deslizamientos de tierra  a causa del desbordamiento de ríos, cañadas y carencia de drenaje pluvial, lo que mantiene en peligro e incertidumbre a miles de familias,  que  quedan aisladas en épocas de lluvias.

Las  35 presas resultan insuficientes para amortiguar las crecidas de los ríos. De  25,000 millones de metros cúbicos de agua que se producen efectivamente por precipitaciones cada año, apenas se pueden almacenar unos 2,300 millones, es decir solo el 7%, lo que explica la dificultad que se presenta en el manejo de las aguas en eventos extremos.

En la provincia de Santo Domingo 88 comunidades, sectores y barrios son afectados con inundaciones debido al desbordamiento de los ríos Ozama, Cachón, Lebrón, Manoguayabo, Brujuelas, Yuca, Mata Mamón e Isabela; las lagunas La Joya y El Lago, y las  cañadas Alto del Chivo, de Villa Duarte, Guajimía, Yaguasa, El Edén, La Islita y Jicaco.

Pero uno de los problemas que más contribuye a las inundaciones de esta provincia, la de mayor población del país, es la falta de un drenaje pluvial, por lo que es común cuando llueve que la ciudad se vuelva un caos por los taponamientos, a causa del cúmulo de agua en las vías, que también provoca que muchos vehículos se averíen en plena calle por la penetración de agua en sus sistemas.

En la provincia Valverde    las crecidas de tres cañadas y el río Yaque del Norte inundan 4,954 viviendas, de  26 comunidades.

Otra de las provincias con más comunidades  inundables  es Azua, con 109. Las causas son el desbordamiento  de los ríos Vía, Las Yayitas, Jura, Tábara, Viajama, Yaque del Sur, Las Cuevas y Las Lomas. Este último es responsable de la mayoría de las avenidas. También las cañadas Cimarrona, El Cigua y de Vichi. En La Vega 103 zonas son vulnerables, 83 a inundaciones y 20 a deslizamientos de tierra por terrenos inestables  por la crecida de los  ríos Camú, Yaque del Norte, Bacuí, Jaguey,  Jima y Potón.

San Cristóbal tiene 75 comunidades con vulnerabilidad, 72 por inundaciones y tres por deslizamientos. El desbordamiento de los ríos Nigua, Mahomita, Mano Matuey, así como varios arroyos y cañadas son  causas del riesgo.

En el Distrito Nacional aunque los barrios o sectores inundables solo son 13, son muchas las personas afectadas, pues se trata de zonas  densamente pobladas como los populosos barrios de la parte norte: Guachupita, La Ciénaga, Los Guandules, Gualey, Las Cañitas, Simón Bolívar, Capotillo, La Zurza, 27 de Febrero, La Puya de Arroyo Hondo, El Aguacate y Los Ríos. En el DN al igual que la provincia de Santo Domingo, las inundaciones urbanas constituyen un “dolor de cabeza” por la carencia de drenaje.  Este panorama de decenas de comunidades inundables se repite en casi todas las provincias, aislando zonas agrícolas en  épocas de lluvias.

Las claves

1.  Agricultura

 En la provincia Duarte y otras localidades  existen   poblaciones  humanas próximo a cultivos, que son afectadas por las fumigaciones agrícolas y uso de pesticidas que a veces llegan a los acuíferos.

2.  Diversión y barrios

Los comercios, los talleres, las residencias, los colmados, bares y discotecas  pueden fácilmente intercalarse en cualquier ciudad del país o sector, atentando  el descanso  en los hogares.

Vía: Hoy