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PARA LA BARRICK SU CONTRATO ES FALAZ Y PROVOCADOR

El enredado contrato de arrendamiento de los derechos mineros de la mina de oro, plata, cobre y cinc, de Pueblo Viejo, Cotuí, firmado en el año 2002 entre el Gobierno dominicano y la empresa canadiense Plácer Dome, está siendo enmendado por exigencia de la empresa minera canadiense Barrick Gold, la cual en el año 2006 compró todos los derechos mineros, a nivel mundial, de la Plácer Dome.

De acuerdo al artículo 8 del contrato original, Plácer Dome pagaría al Estado Dominicano un impuesto de Participación de Utilidades Netas (PUN) variable entre 5% y 25%, dependiente del precio de venta del oro menos un costo de producción de 275 dólares por onza, y como en el año 2002 el precio del oro estaba en los 300 dólares la onza troy, y se estimaba que permanecería ahí, Plácer Dome calculó que la participación del Estado en las Utilidades Netas (PUN) sería de un 7.5%=5% + ((300-275)/10))%.

Antes de la Barrick ofertar comprar las acciones de la Plácer Dome, evaluó todas las minas propiedad de Plácer, y todos los proyectos que la Plácer tenía en carpeta, incluyendo un análisis exhaustivo del proyecto minero Pueblo Viejo, el cual siempre estuvo presente en todos los escenarios de las múltiples negociaciones llevadas a cabo entre ambas empresas, desde finales del 2005 hasta inicios del 2006.

La Plácer Dome nunca estuvo en venta, pero el interés de la Barrick de convertirse en la empresa minera con mayores reservas de oro, a nivel mundial, hizo que la Barrick se presentara ante la Plácer con una oferta de compra, no pedida por Plácer, que de inmediato fue rechazada por la Plácer, lo que obligó a la Barrick a tener que subir y a volver a subir la suma ofertada hasta que la Plácer no pudo resistir una oferta de US$10,400 millones y aceptó vender lo que no quería vender, incluyendo a Pueblo Viejo, cuyas reservas probadas contienen 20 millones de onzas troy de oro, y cualquier empresa minera quiere tener esas reservas en sus manos, aunque sea para cotizarse en la bolsa de valores.

Al momento de la Barrick comprar a la Plácer, el precio del oro estaba cerca de los 564 dólares por onza, lo que implicaría una participación del Estado de un 25% en las Utilidades Netas (PUN), equivalente a US$36 millones por año, ya que la Plácer pensaba producir en Pueblo Viejo 500,000 onzas de oro anualmente, y al multiplicar las 500,000 onzas de oro por US$289, que es el diferencial entre el precio del oro en ese momento (US$564/onza) y el costo de producción (US$275/onza), y luego multiplicarlo por el 25%, obtenemos unos 36 millones de dólares anuales para el Estado.

Pero como el precio del oro ha ido en ascenso rápido y ha superado los 1,000 dólares por onza, ello implicaría una participación del Estado en las Utilidades Netas (PUN) de US$194 millones por año, fruto de que la Barrick piensa producir en Pueblo Viejo un millón de onzas de oro anualmente, y al multiplicar 1,000,000 de onzas de oro por US$775, que es el diferencial entre el precio del oro en este momento (US$1,050/onza) y el costo de producción (US$275/onza),  y luego multiplicarlo por el 25%, obtenemos unos 194 millones de dólares anuales para el Estado. Y la Barrick se niega a entregar tanto dinero.

Por tal razón la Barrick Gold ha obligado al Estado Dominicano a una renegociación del contrato original, a fin de que esa participación estatal del 25% de las utilidades netas sea llevada a cero, óigase bien, a cero, mientras ellos no hayan obtenido una tasa interna de retorno (TIR) de un 10% y hasta haber recuperado los US$2,585 millones invertidos para desarrollar el proyecto, y a partir de ahí pagar un 28.75% como PUN, con lo cual la Barrick le quita 194 millones de dólares anuales al pueblo dominicano, durante al menos los primeros 6 años de operación, lo que implicaría que durante esos 6 años el pobre pueblo dominicano dejaría de percibir unos 1,164 millones de dólares, a los precios de hoy.

Y como el Ministro de Hacienda, el Gobernador del Banco Central, el Ministro de Industria y Comercio y el representante de la antigua Rosario representan a la Barrick, y no al pueblo dominicano, han aceptado firmar un nuevo contrato, enmienda, que le quita RD$42,000 millones a los dominicanos.

Ese contrato ya fue aprobado al vapor y en silencio por el Senado de la República, y al llegar a la Cámara de Diputados fue remitido a una Comisión Especial, encabezada por el caballeroso diputado Ramón Cabrera, donde los diputados de la contaminada provincia de Sánchez Ramírez, Rafael Molina, Cristian Paredes y Gladys Soto han sido designados como miembros, y han externado sus preocupaciones por los perjuicios económicos y ambientales derivados del mismo, preocupaciones que han sido totalmente compartidas por todas las organizaciones sociales, políticas, religiosas, educativas y empresariales de una provincia que, aunque tiene mucho oro, sigue siendo pobre y muy contaminada.

Esta Comisión Especial ha llamado a consultas públicas a especialistas en geología, minería y medio ambiente, a especialistas en economía y finanzas, a las autoridades y a las organizaciones sociales, políticas, religiosas, educativas y empresariales de la provincia Sánchez Ramírez, y a los ejecutivos y técnicos de la Barrick Gold, en un evidente ejercicio de pluralismo y de transparencia procedimental.

Y dentro de ese ejercicio de acopio de opiniones, la Comisión Especial nos ha pedido emitir una opinión sobre el contenido del contrato y sus implicaciones, y se nos ha solicitado acompañar a los señores Diputados a las vistas públicas provinciales y a la visita técnica a la mina de Pueblo Viejo, a lo cual hemos accedido gentilmente, pero al llegar a la mina nos encontramos con que el señor Fernando Sánchez Albavera, peruano que firmó el contrato en nombre y en representación de la Barrick, ya se encontraba sobre calentado y sobre tensionado por las consultas que hace la  Comisión Especial y por las observaciones económicas y ambientales que se le hacen a este contrato enmienda.

Estando en la mina recibimos explicaciones por parte del gerente país Augusto Chung, quien en todo momento se mostró muy cortés y muy amable, cortesía que también recibimos de Méjico Ángeles y de otros ingenieros y funcionarios de la Barrick, quienes supieron asumir su papel de anfitriones.

Sin embargo, cuando el diputado Molina nos pidió opinar sobre el supuesto regalo de hasta 37 millones de dólares que la Barrick le haría al Estado para asumir el 50% del pasivo ambiental externo a la mina, y que según Fernando Sánchez Albavera sólo eso hace que el nuevo contrato sea mucho mejor que el anterior, dijimos que ese regalo es a cambio de que el Estado deje de percibir durante unos 6 años el 25% de las utilidades netas, y que eso equivale a dejar de percibir más de 1,100 millones de dólares, a lo que el señor Fernando Sánchez Albavera respondió airadamente diciendo que “eso es falaz”, y cuando le respondimos que eso está contenido en el contrato, que él firmó, de inmediato respondió agriamente diciendo “usted es un provocador”, en lugar de abrir el contrato y demostrarnos, frente a los Diputados, que realmente nuestro argumento no está en el contrato y que por tal razón es falaz.

Le respondimos enérgicamente que ya no estamos en el año 1492, cuando los colonizadores llegaron a cambiar oro por espejitos, y que él se creía ser un colonizador que había llegado a tierras de indígenas, pero que en este país no permitiremos contratos contrarios a los intereses económicos y ambientales.

Los dominicanos queremos un contrato sencillo y claro, que contenga dos cosas simples: un inmediato saneamiento ambiental total del entorno de la mina, incluyendo la presa de Mejita, los arroyos Margajita y Mejita y la presa de Hatillo, y un 50% de los beneficios netos de las ventas de oro, plata, cobre y cinc, desde el mismo primer año de las operaciones mineras, y eso no implica estar en contra de la Barrick, ni ser un provocador, porque el país tiene derecho a la mitad de los beneficios y al saneamiento ambiental de todo lo contaminado por la mina, aunque es preferible ser un provocador que defiende los intereses ambientales y económicos de la nación, antes que ser un entreguista postrado ante un inca colonizador.

Y si partimos del hecho cierto de que el señor Fernando Sánchez Albavera, máximo ejecutivo de la Barrick local,  acaba de decir airadamente, frente a los Diputados que integran la Comisión Especial que evalúa la enmienda al contrato de arrendamiento de los derechos mineros de Pueblo Viejo, que la eliminación del 25% de Participación en las Utilidades Netas (PUN), en los primeros años, es una falacia, y que al responderle que esa eliminación está contenida en el contrato, dice que es una provocación, entonces la Barrick admite que el nuevo contrato es una falacia y es una provocación al pueblo dominicano, y a confesión de parte, relevo de pruebas.

Por: R. Osiris de León