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En los últimos años, en el Valle de San Juan y el suroeste de la República Dominicana, se habla cada vez más de minería, concesiones y permisos ambientales.
Muchas veces se presenta como si se tratara de proyectos aislados, técnicos o lejanos a la vida cotidiana.
Pero la realidad es otra.
Lo que está en discusión es el futuro del territorio completo, del agua, de la agricultura y de las comunidades que lo habitan.
Para entender por qué la ley exige más estudios, más participación y más responsabilidad, hay cuatro ideas fundamentales que toda la ciudadanía debería conocer.
EL CONJUNTO DE CONCESIONES MINERAS CAMBIA LAS PRIORIDADES DEL TERRITORIO
Cuando aparece una denuncia minera, una solicitud o una concesión, el territorio ya queda condicionado, incluso si no hay una mina en operación.
Desde ese momento:
- El uso del suelo deja de ser libre
- Se restringe la planificación agrícola, urbana y comunitaria
- La prioridad minera empieza a imponerse jurídicamente
No es la explotación la que cambia el territorio, es el conjunto de derechos mineros.
Por eso, la minería no puede evaluarse como “una mina más”, sino como una decisión de ordenamiento territorial, que reorganiza el espacio y cambia las prioridades del suelo, el agua y la economía local.
SE PIERDE LA SEGURIDAD JURÍDICA DE QUIENES VIVEN Y TRABAJAN LA TIERRA
En el Valle de San Juan y zonas cercanas, gran parte de la población rural:
- No tiene títulos formales
- Es arrendataria, usufructuaria u ocupante histórico
- Vive de la agricultura y la ganadería
Estas personas no son invisibles, pero el sistema minero tiende a ignorarlas.
Con la entrada de derechos mineros:
- Pierden certeza sobre la tierra que trabajan
- No pueden planificar cosechas ni inversiones
- Quedan expuestas a servidumbres, desplazamientos o expropiaciones
- Se rompe toda expectativa legítima de estabilidad
La minería no solo afecta papeles, afecta vidas reales.
Sin una evaluación territorial integral, miles de familias pierden su seguridad jurídica de hecho, aunque nunca hayan sido parte de la decisión.
EL AGUA YA NO ALCANZA: EL SUROESTE TIENE UN DÉFICIT ESTRUCTURAL
Este debate no se limita al Valle de San Juan.
El suroeste dominicano en su conjunto enfrenta: 1. Problemas recurrentes de agua
2. Estrés hídrico histórico
3. Dependencia de cuencas frágiles
Lo que ocurre:
- En San Juan
- Afecta a Azua
- Impacta Barahona
- Y se extiende por toda la cuenca del Yaque del Sur
El agua no se detiene en los límites municipales.
Decidir minería aguas arriba sin analizar todo el sistema hídrico es poner en riesgo:
- El consumo humano
- La agricultura
- Los ecosistemas
- La vida de las generaciones futuras
Esto convierte la minería en un problema regional, no local.
LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ES PARTICIPATIVA
y la voz de la comunidad ES VINCULANTE
Aquí está uno de los puntos más importantes y menos explicados.
La ley dominicana exige que las decisiones que reorganizan el territorio se evalúen mediante la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
La EAE:
- No evalúa una mina aislada
- Evalúa el plan completo del territorio
- Analiza impactos acumulativos
- Considera alternativas reales
- Y, sobre todo, es participativa
LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA NO ES DECORATIVA, ES VINCULANTE.
La gente que vive y conoce el territorio:
- Tiene derecho a ser escuchada
- Su conocimiento cuenta
- Su opinión forma parte de la decisión
Por eso, cuando la ciudadanía se moviliza, no pide privilegios.
Está pidiendo: 1. Que se cumpla la ley
2. Más estudios y más ciencia
3. Decisiones informadas
4. Ser parte de la gestión de su propio territorio
¿QUÉ DICE CLARAMENTE LA LEY?
La Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y la Resolución 0020 2024 del Ministerio de Medio Ambiente dejan algo claro:
Ningún plan que cambie el uso del territorio es válido sin una Evaluación Ambiental Estratégica.
Un permiso ambiental de un proyecto específico NO sustituye esa evaluación.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sirve para proyectos.
La Evaluación Ambiental Estratégica sirve para territorios.
Confundirlas es debilitar la protección del país.
EN SÍNTESIS.
- La minería cambia el territorio
2.Reduce la seguridad jurídica
3. Afecta un sistema de agua ya en crisis
4. Y solo puede decidirse con estudios integrales y participación real
Lo que pide la ciudadanía es simple y legítimo:
Cumplir la ley, hacer más ciencia y decidir entre todos.
Eso no es oponerse al desarrollo.
Eso es defender la vida, el agua y el futuro del territorio.
Luis Carvajal.
