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La Empresa Verde Eco Reciclaje Industrial (VERI) atribuyó este miércoles a una campaña “orquestada y financiada” por una compañía de la competencia la protesta de pobladores realizada ayer frente al Ministerio de Industria y Comercio, reclamando el traslado de una recicladora de baterías en Haina que alegadamente afecta su salud.
En carta enviada a este diario, el gerente general de la empresa, Henry Butler, expresó que los “alegados comunitarios” se amparan en nombres de supuestas entidades sociales del municipio, que según afirma, no existen conforme lo certificó la Procuraduría General de la República.
“Se dedican a en la actualidad a fomentar la desinformación intentando retrasar aún más la entrada en vigencia de las disposiciones del Convenio de Basilea que, como hemos mencionado anteriormente, regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos”, sostuvo.
Aseguró que la empresa que representa es la única del país y el Caribe insular que se preocupó por invertir en la compra de equipos con la mejor tecnología disponible para procesar las baterías de ácido de plomo que se utilizan en el territorio dominicano.
“En la actualidad es inevitable el uso de baterías y en nuestra realidad, es más que imprescindible por la situación energética que no ha podido superar el pueblo dominicano, por lo tanto, VERI ha invertido años de esfuerzo y grandes cantidades de recursos para construir la única planta de reciclaje que existe en el área”, indicó Butler en su escrito.
Afirmó que las operaciones de la empresa fueron verificadas por el Ministerio de Medio Ambiente, certificada por las autoridades regionales del Convenio de Basilea y del International Lead Management Center, comprobada por técnicos especializados que acompañaron al Tribunal Constitucional y verificaron las operaciones de la empresa.
Informó que en la sentencia del Tribunal Constitucional marcada con el número 0035/18 se establece que se conformó una comisión de magistrados para escuchar las partes y verificar las condiciones de las operaciones y así se hizo el 28 de marzo de 2017.
En julio de 2017 el Ministerio de Medio Ambiente remitió un informe como resultados de la inspección que establece que la empresa puede continuar realizando sus actividades con varias recomendaciones, entre ellas que permanentemente se dé cumplimiento a la frecuencia de entrega del informe de cumplimiento ambiental, informar permanentemente al Ministerio de medio Ambiente lo relativo al depósito de las escorias, entre otros.
