Acción Verde | El Portal Ambiental de la República Dominicana Todo lo relativo al Medio Ambiente y Recursos Naturales con énfasis Cambio Climático y Areas Protegidas
El mundo se arriesga a vivir un «apartheid climático» en el que los ricos pagan por escapar del aumento del calor, el hambre y el conflicto mientras el resto del mundo los sufrirá, advirtió hoy el relator para la extrema pobreza, Philip Alston, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En un informe sobre la relación entre la pobreza y el cambio climático, el relator de Naciones Unidas advirtió que el calentamiento global “amenaza con deshacer los últimos 50 años de progreso en desarrollo, sanidad mundial y reducción de la pobreza”.
“Podría arrastrar a la pobreza a más de 120 millones de personas hacia el año 2030”, y también supone una amenaza a la democracia y los derechos humanos, alertó el experto australiano en su intervención ante el consejo, que este lunes inició su 41ª sesión.
Las poblaciones pobres, menos responsables del aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, serán irónicamente las principales víctimas de un fenómeno que, según Alstom, traerá inseguridad alimentaria y peor salud, incluso con las previsiones más optimistas de sólo un aumento de 1,5 grados para el año 2100.
Los derechos a la vida, el alimento, la vivienda y el agua se verán afectados “dramáticamente”, vaticinó el experto, quien también alertó sobre “el igualmente importante impacto en le democracia, a medida que los gobiernos enfrentan las consecuencias y persuaden a su población para aceptar las transformaciones sociales y económicas que harán falta”.
Reducción de emisiones
Alstom también denunció en su informe que los gobiernos ni siquiera están cumpliendo sus ya de por sí insuficientes promesas de reducción de emisiones de dióxido de carbono, a la vez que siguen subvencionando la industria de combustibles fósiles con más de 5,2 billones de dólares anuales.
“Mantener el camino actual es una receta para la catástrofe económica”, concluyó el relator, quien aconsejó que la crisis climática sea usada “como catalizador para que los Estados cumplan los largamente ignorados derechos económicos y sociales, incluyendo el acceso a alimentos, sanidad, vivienda y trabajo decente”.
