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Procuraduría advierte que depredadores irán a prisión

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La Procuraduría General de la República instruyó ayer al procurador de Medio Ambiente adscrito a Barahona, Bolívar D`Oleo Montero, para que instrumente los expedientes y mande a prisión a los responsables de devastar la zona fronteriza, específicamente en Jimaní, donde la depredación se ha tornado crítica y ha generado niveles de violencia.

Mientras, los ambientalistas Luis Carvajal y Milton Martínez, miembros del equipo ambiental de la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), aseguraron ayer por separado que la tala de árboles en toda la zona fronteriza para la producción de carbón es posible por la complicidad de autoridades de ambos países y la falta de políticas de desarrollo forestal.

El procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Andrés Chalas Velásquez, dijo que ese organismo está trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y las Fuerzas Armadas, a los fines de ubicar a los responsables de depredar la zona fronteriza para apresarlos y someterlos a la Justicia.

“Cada representante del Ministerio Público del país que encuentre elementos de culpabilidad contra personas acusadas de cortar árboles para producir carbón o para otros fines, tiene la obligación y el deber de actuar de manera drástica y solicitar las medidas de coerción correspondiente”, precisó.

Manifestó que el procurador del Departamento Judicial de Barahona abrió una investigación para identificar a los responsables de la deforestación que se está produciendo en la zona fronteriza. Chalas Velásquez advirtió ayer que el Ministerio Público actuará sin contemplación contra las personas, sin importar su nacionalidad, que se dedican a depredar las montañas de Jimaní y otras zonas fronterizas para elaborar carbón.

Agregó que el brazo de la justicia llegará también hasta los empresarios que están detrás del negocio del carbón que ha depredado la zona boscosa del país.

“Se trata de un crimen ecológico grave, por tanto, una vez identificado los responsables de los hechos punibles el Ministerio Público solicitará medidas de coerción y presentará la debida acusación contra todos los implicados”, apuntó.

Complicidad 
Milton Martínez, director de la Escuela Forestal de la UASD, denunció que en la frontera opera un sistema de complicidad de los organismos de seguridad del Estado a cargo de la vigilancia de la zona, que todo el mundo conoce, y que por situaciones coyunturales no van a la raíz del problema.

“Hacer carbón implica cortar los árboles, empacarlos, esperar días a que el carbón se cuece, transportarlo, y eso es elemental dar con la red económica de que eso forma parte”, dijo.

Aseguró que se trata de una cadena de complicidad, que incluye el uso inadecuado de las tierras en las laderas que están en la frontera, donde Medio Ambiente planta árboles y no crecen porque el espacio es ocupado por haitianos que a la vista de todo el mundo realizan siembra de maíz, batata, yuca y otros.

Sobre el particular, Carvajal argumentó que los mecanismos de traslados y vehículos para comercializar el carbón son imposibles sin la complicidad militar, por lo que favorece acuerdos concretos con las autoridades haitianas, que permitan que la vigilancia sea conjunta y se establezcan responsabilidades comunes a ambos lados.

En ese sentido, recomendó cinco medidas para recuperar las áreas depradadas, que incluyen desarrollar un proyecto forestal modelo que permite la producción masiva de energía.

Al referirse a las consecuencias para el país, en caso de que esta práctica continúe, la pérdida de hábitat de zonas que tienen una importancia capital en la captación de humedad en una área extremadamente seca.

Por: Bethania Apolinar
Listín Diario 

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