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Once países americanos prevén armonizar sus leyes para proteger el Amazonas

Once países de América Latina han aprobado una propuesta de la Unión Europea para armonizar sus leyes medioambientales con el objetivo, entre otros, de proteger el Amazonas y lograr una «persecución penal coherente en territorios con una situación ambiental tan similar».

La propuesta, incluida en el Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (PACcTO) de la UE y a la que ha tenido acceso Efe, se basa en que los textos penales medioambientales examinados de esos once países americanos “revelan un marco normativo dispar y en ocasiones falto de coherencia, a pesar de responder a realidades muy similares”.

La iniciativa de la UE, uno de cuyos ponentes es el fiscal jefe de Medioambiente de Sevilla, Javier Rufino, afecta a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Perú, cuyos representantes de seguridad y fiscales se han reunido en Lima dentro de las reuniones del Paccto.

En esa reunión se abordó la necesidad de actuar contra los delitos medioambientales, de alta rentabilidad, con las mismas técnicas que se emplean contra el narcotráfico, entre ellas agentes encubiertos y entregas controladas.

Las recomendaciones afectan a la necesidad de armonizar los delitos que afectan a la flora y fauna, a los incendios forestales y a la contaminación ambiental para atacar, especialmente, a la minería ilegal en el Amazonas, donde la extracción de oro, que se vende en Europa, China y Estados Unidos, provoca graves daños por el uso del mercurio.

Una de las novedades de la propuesta es incluir en el código penal la mera financiación para cometer los delitos de minería ilegal, al que están asociados otros como la trata de seres humanos por la prostitución vinculada a los poblados, en los que viven miles de mineros, y también el tráfico de drogas.

Reformas legales

Además, en las reformas legales que deben hacer los países, se recomienda incluir la reparación del daño causado como atenuante de mayor intensidad en los delitos medioambientales.

Respecto a los incendios, se propone que la pena sea mayor cuando afecte a espacios especialmente sensibles o protegidos, como la Amazonía, y se pide que cuando se produzca un incendio forestal no se pueda cambiar su uso a agrícola o pecuario durante 25 años porque la mayoría de estos fuegos pretenden, justamente, el cambio del uso del suelo.

“La pretensión es alcanzar normas mínimas claras que constituyan un marco penal común apropiado, contribuyendo a unificar el actual enfoque sectorial y en ocasiones muy dispar, aparte de colmar aquellas lagunas, estimulando una respuesta global, coherente, armónica y de mayor solidez en la represión penal, acompañado del apoyo mutuo y creando sinergias de cooperación internacional”, explica la propuesta.

En la última reunión de la iniciativa comunitaria, que nació en 2017 y tiene un presupuesto de 19 millones de euros para los próximos cinco años, se constató que el derecho penal que afecta al medioambiente “es fraccionario y reactivo”.

Eso provoca, añade el documento asumido por los países citados, un “déficit de coordinación en la formulación de leyes penales que respondan unitariamente a un mismo fenómeno que en tantas ocasiones es transnacional” y que necesita una “cooperación mutua en su persecución eficaz”.

La UE subraya que pretende “cubrir lagunas” respecto a conductas que en algunos países son solo ilícitos administrativos y no delitos, como las acciones relacionadas con la energía nuclear o las licencias mineras y ambientales.

El documento alude a la necesidad de abordar también los delitos urbanísticos y los que afectan al patrimonio histórico y cultural, aunque en esta fase de propuesta no se considera una prioridad y solo se hace una sugerencia de que se asimilen esos supuestos penales tras indicar que son de “mayor urgencia” los relativos a la contaminación, la flora y fauna y los incendios forestales.

Además, se “recomienda vivamente la formación y especialización de fiscales, jueces y policías” en la cooperación internacional, con Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), que hasta ahora en América solo se han creado entre distintos países para violaciones de derechos humanos y que en Europa funcionan para diversas materias y con gran eficacia.

En la última reunión del Paccto, desde la UE también se propuso una guía que sirva de referencia en la investigación de delitos ambientales para su uso por policías y los fiscales que les dirigen.

EFEverde

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