miércoles , septiembre 23 2020
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La ONU, entre el interés privado y el bienestar colectivo: un dilema misional

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

RECTORÍA

Comisión Ambiental

 

Valerle Julliand

Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas
En República Dominicana 

Distinguida representante 

En nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, primada de América, saludamos estas reuniones informativas que permiten aclarar aprehensiones sobre la naturaleza y objetivos de la Comisión Técnica conformada por el PNUD a solicitud del Gobierno dominicano, para analizar la pertinencia del proyecto de instalación de una planta de fabricación de cemento y de explotación de calizas en la zona de influencia del Parque Nacional de Los Haitises.

En tal sentido, deseamos establecer nuestra posición con respecto a la consulta solicitada por el ejecutivo y con respecto a la Comisión Técnica del PNUD y la delicada labor que le ha sido encomendada.

El Gobierno dominicano hace bien en buscar la mayor información posible. Aun mas, somos de opinión de que las instancias correspondientes de Medio Ambiente y Minería, debieron hacer estas consultas desde antes de conceder la Licencia Ambiental y las concesiones mineras en la zona de influencia del Parque Nacional de los Haitises.

El PNUD cumple con parte de su rol al brindar su capacidad técnica y las de las demás agencias del Sistema de Naciones Unidas, para contribuir al conocimiento de los recursos naturales del país y a la toma de decisiones que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible, de lucha contra la pobreza, contra el cambio climático, contra la desertificación y la sequía y contra la perdida de la biodiversidad, que son componentes intrínsecos de la misión de esa agencia especializada.

Debe comprender el PNUD y los técnicos comisionados, que su opinión ha sido requerida por el Gobierno dominicano, en un gesto que reconoce la pérdida de su propia calidad como mediador de la sociedad, como fuente de equilibrio y como representante del interés público, al asumir sus instancias correspondientes la defensa de una de las partes, precisamente la que representa intereses particulares y no los colectivos.

 En la República Dominicana ya están encaminados procesos institucionales que no serán detenidos, e incluso se han dictado medidas cautelares por los tribunales correspondientes ordenando detener la instalación del referido proyecto.

 Estos procedimientos institucionales son los únicos autorizados para adoptar decisiones con respecto al conflicto planteado, y estos no podrán ser sustituidos por consultas no vinculantes, como la que se les ha solicitado.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, tras las consultas técnicas correspondientes y en estrecha sintonía con la expresión mayoritaria de la sociedad, se ha pronunciado contra la instalación de la referida cementera en esa zona y ha demandado la anulación de la Licencia Ambiental y de  todas las concesiones mineras en zonas aledañas de las áreas protegidas. 

 Reiteramos esta posición y continuaremos coordinando con la sociedad, acompañando los procesos institucionales para la anulación del proyecto y recabando el apoyo de todo el sistema de universidades de América Latina y otras partes del mundo.

 Esa posición institucional es innegociable, aunque estamos dispuestos a discutirla en un ámbito científico, sin imposiciones, respetando la institucionalidad y siempre que el intercambio de ideas y la confrontación de criterios sirva a los intereses  del país, la región del Gran Caribe y del planeta sin inclinarse a intereses privados, personales o corporativos.

 En ese sentido saludamos la invitación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el entendido que su involucramiento no implica un esfuerzo internacional para validar iniciativas de lucro privado cuestionadas por toda la sociedad, perjudiciales al interés de la Nación y que representa una amenaza real a recursos naturales, procesos ecológicos y recursos culturales invaluables.

 Llamamos la atención del PNUD en torno a un conjunto de elementos que probablemente ya han considerado para garantizar la transparencia y la calidad de sus resultados  del proceso de evaluación.

Un paso importante es explicar la forma en que se ha conformado la Comisión, lo cual se esta realizando con estas reuniones informativas.  Deberían considerar además, mantener una diáfana y dinámica comunicación e información a la sociedad y garantizar la participación de todos los sectores que deseen expresarse sobre el tema.

 Sugerimos considerar una diversidad de aspectos que incluyen la importancia del área desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, de su importancia hídrica, de los elementos culturales y de la problemática social.

 Los comisionados deben ponderar que la zona en que se pretende instalar el cuestionado proyecto si bien en la actualidad no está dentro de los límites del área protegida, esto se debe a que presiones de diversa índole han provocado que dicho parque haya sufrido siete (7) modificaciones de sus límites. 

En los Decretos 88-93, 233-96 y 453-98 la zona estaba dentro del Parque y la que no, estaba totalmente incluida en su zona de amortiguamiento definida en esos decretos.

 Deseamos informar a los distinguidos Comisionados, que toda la zona periférica del Parque, que conforme a los criterios de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, debe manejarse como zona de amortiguamiento, está bajo concesiones mineras que esperan un fallo favorable a la Cementera y a la extracción minera en Gonzalo, para proceder con otros proyectos similares que condenarían a una colosal destrucción toda la zona periférica y que, como es de su conocimiento, desatarían procesos de degradación que no se van a detener fuera de los límites del Parque.

Aun más, casi todas las áreas protegidas del país tienen parte de sus zonas periféricas afectadas por concesiones mineras, muchas de las cuales no han iniciado la explotación porque ha primado el criterio de que la minería, ni la industria son usos apropiados o compatibles con zonas de amortiguamiento o de influencia de las áreas naturales protegidas.

 Por tanto, cualquier decisión que permita legitimar y que se implemente la Cementera y la explotación minera en Gonzalo, sería firmar la sentencia de muerte de todo el sistema nacional de áreas protegidas de la República Dominicana.

 Queremos expresar al PNUD y a los distinguidos Comisionados, que nuestra universidad les ofrece todo el apoyo que requieran para el éxito de su misión, tanto en apoyo logístico como la participación de nuestro personal docente especializado en el tema

 La Comisión Ambiental , los institutos de investigación y los investigadores y extensionistas de nuestra institución están dispuestos a colaborar en la búsqueda de alternativas de desarrollo que permitan mejorar  las condiciones de vida de los pobladores; conservar y aprovechar los recursos contenidos y los servicios generados por el Parque Nacional de Los Haitises y toda la región kárstica, pero no participarán en ninguna acción dirigida a solucionar un interés de carácter privado empresarial en dicha zona.

 Señores del PNUD, permítannos recordarles  que en su artículo 5 nuestro  Estatuto Orgánico establece como Misión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otras:

“c) Asumir su responsabilidad en la formación de una conciencia crítica de la sociedad Dominicana, no dependiente, enmarcada solidariamente en los  principios sustentados por los pueblos que luchan por su independencia y bienestar;

d) Efectuar investigaciones tendentes a mejorar las condiciones de la sociedad dominicana; a desentrañar las causas fundamentales del subdesarrollo y la dependencia y los problemas que como consecuencia de ello afecten la misma y sugerir soluciones, así como aumentar el acervo de conocimiento de la humanidad;

e) Difundir los ideales de paz, de progreso, de justicia social y de respeto a los derechos del hombre, a fin de contribuir a la formación de una conciencia colectiva basada en esos valores;

f) Fortalecer el intercambio científico, cultural, técnico y artístico con las instituciones educativas y culturales de todo el mundo, dentro del marco de los principios señalados.”

 Esperamos que las capacidades y voluntades convocadas en torno a este problema generen propuestas, vínculos y líneas de colaboración que contribuyan a la mejoría de la calidad de vida del pueblo dominicano, la preservación de sus recursos, la equidad, la justicia social y al cumplimiento de las misiones de cada una de nuestras instituciones.

Con sentimiento de alta consideración y estima,

 Dr. Franklin García Fermín
Rector

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