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Exministro de Medio Ambiente pide investiguen adquirientes de terrenos en Bahía de las Águilas

Max Puig opuesto a construcciones militares en la isla Saona
El candidato presidencial de Alianza Por la Democracia (APD) y exministro de Medio Ambiente Max Puig

El exministro de Medio Ambiente, Max Puig, consideró este lunes que «debería abrirse una investigación contra los supuestos adquirientes de terrenos en Bahía de las Águilas, y contra miembros del Ministerio Público y la Justicia, que han retrasado el caso en los tribunales.

Puig manifestó que el problema en Bahía de las Águilas ha durado tantos años debido a la falta de voluntad política y de justicia, por lo que “deben investigarse las complicidades existentes para dejar que esa pelota siga corriendo”.

El exsenador y excandidato presidencial dijo que la mafia para adquirir terrenos en esa zona protegida del Sur del país ha tenido muchas complicidades en todas partes.

“El poder especial no 7-13, que daba potestad para hacer acuerdo con los adquirientes de los terrenos, es nulo en pleno derecho. Es que no puede haber transacción entre el Estado y particulares en asuntos de orden público”, reiteró Puig al ser entrevistado en El Despertador, de Antena Latina.

El dirigente político sostuvo que no hay ninguna contradicción entre el desarrollo turístico y la protección de las reservas naturales, pero que lo que si afecta es pasarle por encima a la ley.

Puig dijo que con las declaraciones del gobierno, de que el problema de Bahía de las Águilas se resolvería en 40 años por la vía de los tribunales, se deja un mensaje de que en el país no hay seguridad jurídica.

Poder Ejecutivo

La semana pasada, el Gobierno dejó sin efecto las intenciones de alcanzar un cuestionado acuerdo con quienes mantiene un litigio por la propiedad de terrenos en Bahía de las Águilas.

La operación consistía, concretamente, en que el Gobierno recibiría el 55 % de la venta de los terrenos a través del fideicomiso, mientras que los supuestos propietarios tendrían derecho al restante 45%.

El problema se remonta a 1995, cuando el director de entonces del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, ordenó un asentamiento agrario en la zona. Fue denunciado un año después por el primer Gobierno del expresidente Leonel Fernández, que sometió ante la Justicia a este y a otras personas bajo acusaciones de apropiarse, indebidamente, de los terrenos de vocación turística.

Por: Melbin Gómez
Vía: Z101

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