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Debaten contrato de la Barrick frente a frente

Defensores y opositores al contrato minero de Pueblo Viejo Dominican Corporation (PVDC) y/o Barrick Gold coincidieron en  que es necesario extraer sulfuros de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez,  como remedio ambiental definitivo porque de lo contrario habrá una contaminación sin límites.

También estuvieron de acuerdo en que sea el Banco Central que audite las inversiones que haga la minera para garantizar la transparencia y que el Estado pueda obtener sus utilidades netas inmediatamente después que se alcance la tasa interna de retorno del 10%, como estipula el contrato.

Al participar por más de dos hora en el  “Debate del oro”, coordinado por Juan Bolívar Díaz y Daniel Toribio en el matutino Uno + Uno de Teleantillas, los expositores acordaron además realizar una visita en conjunto a la mina el martes 6 de abril como forma de constatar los trabajos que hasta ahora ha desarrollo el proyecto, que tiene previsto explotar oro y otros metales  a finales a finales de 2011.

Participaron en el debate el director ejecutivo de Pueblo Viejo Dominican Corporation (PDVC) y/o Barrick Gold, Fernando Sánchez Albavera; el director de Minería, Octavio López  y el  consultor jurídico de la empresa  Luis Rafael Pellerano.

Los participantes opositores al contrato  fueron el geólogo Osiris de León, el biólogo Luis Carvajal y  el economista Jaime Aristy Escuder.

Utilidades.  En lo que no hubo acuerdo fue en las utilidades que recibirá el Estado por la explotación de los sulfuros.

Tanto De León como Escuder reiteraron su posición  a que el Estado disfrute del 50% de los beneficios tan pronto inicie la venta del oro y no tenga que esperar  que se recupere la inversión del proyecto, prevista en alrededor de US$3,000 millones,  y se alcance un 10% de ganancia.

Señalaron que no es posible que el Estado tenga que esperar unos cinco años para recibir ganancias de su capital natural tan codiciado, como es el oro.

Al respecto, Sánchez enfatizó que tan pronto se inicie la primera venta de oro, el Estado recibirá unos US$500 millones por concepto de 3.2% de regalías por el oro fundido, además de los pagos del Impuesto sobre la Renta de la  empresa. Esto sería así sí el precio de la onza de oro se   mantiene en US$1,000.

A esto sumó la inversión en los municipios que bordean la mina, que recibirán US$25 millones para obras de desarrollo y el hecho de que se han generado 4,000 empleos y se han adquirido US$340 millones en bienes y servicios a proveedores dominicanos.

Ambiental.  Los  opositores al contrato reiteraron  que la minera asuma el pasivo ambiental histórico en las afueras del área de desarrollo de la mina, aunque reconocieron que  PVDC no ha sido la única que contaminó las aguas y suelos.

 “Un problema que tiene que ser asumido por quien se va a comer la masa”, expresó Carvajal, quien al igual que De León puso en duda el interés del Estado de asumir esa responsabilidad como lo estipula el contrato.

 Carvajal además cuestionó cómo  es posible que aún no haya sido iniciada la remediación fuera del sitio  que sería agravado por cualquier operación interna.

Al respecto, López aseguró que el plan de manejo ambiental del Estado ya está en fase final y que será ejecutado a un costo menor de lo estipulado.

Barrick quiere confianza de criollos

El debate  se inició a las 7:00 de la mañana  con un resumen histórico de la explotación de la mina de Pueblo Viejo, su proceso de nacionalización y la situación actual.

Hasta más de la mitad del tiempo las partes estuvieron exponiendo de manera relajada sus  reiteraciones en torno al contrato.

Hubo un momento en que López cuestionó a  De León  que nunca ha visitado la mina para criticarla, a lo que éste respondió que sí lo hizo en una ocasión y cuando quiso hacerlo de nuevo tuvo impedimentos al igual que otras personas.

Pellerano intervino en un momento para enrostrar que  mucha gente está opinando y nadie  ha  leído el contrato, que consta de unas 500 páginas,   y que  se ha hablado mentira sobre todo en la parte ambiental. Aunque reconoció como válida la preocupación de si el Estado no invierte su parte para remediar el pasivo histórico.

Al ser cuestionado por qué el incremento de US$300 millones que inicialmente invertiría la Placer Dome a casi US$3,000 en este nuevo contrato, Pellerano citó que se trata de una nueva tecnología, mientras  López Sánchez  recordó que hay un incremento en el volumen de extracción de 12 millones de onza de oro a casi 25 millones. En este punto Carvajal enfatizó que se necesita una nueva licencia ambiental.

Durante el debate, Sánchez habló de que  la empresa se encontraba abierta a cualquier sugerencia para  mejorar sus operaciones y que necesitaban  “confianza y no mirar atrás”,  el ejemplo de la Rosario.

Via: Hoy Digital

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