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SANTO DOMINGO.- Representantes de organizaciones ambientalistas de Quita Sueño denunciaron este miércoles que se les prohibió la entrada al Ministerio de Medio Ambiente, donde se presentaron a reclamar que se les entregue los informes sobre el derrame de petróleo que afectó a esa comunidad de Haina, pese a que afirman que mostraron una orden que les favorece, emitida por el Tribunal Constitucional.
Las organizaciones ambientalistas, entre las que figura el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, CNLCC, dijeron que la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 3 de diciembre de 2018 ordena al Ministerio de Medio Ambiente entregar los informes sobre el derrame de petróleo producido por la ruptura del oleoducto de FALCONDO en esa comunidad, el 23 de agosto del año 2017.
El abogado especialista en derecho ambiental y director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Euren Cuvas Medina, en calidad de vocero de los reclamantes, advirtió al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez, que de no entregar de inmediato los informes sería sometido ante la Justicia por desacato y prevaricación.
Declararon en un comunicado que tanto los representantes comunitarios, de las organizaciones ambientalistas que los acompañaban como el abogado Euren Cuevas fueron forzados a ofrecer declaraciones en la vía pública, impidiéndoles el ingreso a un recinto público para diligenciar los informes.
Informó que la sentencia del Tribunal Constitucional No.0511/18, de fecha 3 de diciembre del año 2018, ordena la entrega de los informes que desde hace alrededor de un año le solicitaron a ese Ministerio sobre el derrame de petróleo causado por el mal estado del oleoducto que conduce combustible desde Quita Sueño, municipio de Haina, provincia de San Cristóbal, hasta las instalaciones de la planta de FALCONDO, en Bonao, provincia Monseñor Nouel.
Indicó que a raíz del derrame ocurrido el 23 de agosto del año 2017, en el barrio Valle Encantado de Quista Sueño, los afectados solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que les entregara el informe de impacto ambiental del derrame, el informe sobre el estado del oleoducto y el informe sobre su mantenimiento.
El abogado explicó que el Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales se negó a entregar estos informes solicitados de acuerdo a la Ley de Libre Acceso a la información Pública, por lo que tuvo que solicitarlos a través de un amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.
Este tribunal declaró inadmisible el recurso de amparo mediante la sentencia número 030-02-2008-SSEN-00043, de la primera Sala, en fecha 8 de febrero de 2018. Esta decisión fue recurrida mediante revisión, ante el Tribunal Constitucional que por el contrario, anuló dicha sentencia y acogió la acción de amparo interpuesta contra Medio Ambiente y en consecuencia le ordenó a éste, la entrega de los informes solicitados.
El abogado Cuevas Medina dijo que estos informes no fueron suministrados por dicho Ministerio, “en abierto contubernio y complicidad con FALCONDO”, para ocultar la obsolescencia de este oleoducto construido hace más de 40 años.
“Con este ocultamiento el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha intentado evitar la clausura de este oleoducto o la reconstrucción del mismo a un costo superior a los cien millones de dólares”, aseguró.
Manifestó que con la publicación de estos informes será imposible mantener en funcionamiento este oleoducto por constituir una amenaza para todas las comunidades que abarca su trayecto.
“El derrame del 23 de agosto de 2017 no fue un accidente aislado, sino el resultado del deterioro de esta tubería por haber caducado su vida útil”, observó.
Recordó que este derrame en Quita Sueño, es el tercero que ocurre desde que se construyera en el año 1970 este oleoducto que recorre 72 kilómetros. El primero de estos derrames sucedió en año 2002 y el segundo, también en Villa Altagracia, el 9 de agosto de 2008.
Planteó que con el apoyo de estos informes se podrá reclamar ante los tribunales la debida indemnización del barrio Valle Encantado de Quita Sueño y evitar que otras comunidades puedan ser afectadas por fugas y derrames de este oleoducto.
Entre las organizaciones que acompañaron el reclamo de la entrega de los informes ordenados por la sentencia del Tribunal Constitucional estuvieron el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), la Fundación Ecológica Macorís Verde, y la Sociedad Ecológica de Nizao
Los demandantes depositaron por secretaria una carta exigiendo la entrega de los informes del derrame del oleoducto en Quita Sueño y copia de la sentencia del Tribunal Constitucional.
