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Sus aguas se apagan ante los ojos del país, pese a los planes y las millonarias inversiones que prometen rescatarlas
“A este río no le faltaba agua”, dice Juan Ortiz en Tireo, Constanza. Su hermano Francisco fue asesinado por un conflicto con camioneros que sacaban arena del cauce. La pena íntima de su familia resume una realidad mayor: ríos que alguna vez fueron abundantes apenas resisten entre promesas millonarias y políticas que no logran frenar la degradación.
Durante tres meses, un equipo de Diario Libre recorrió cuencas y riberas del país. Del Yuna al Blanco, pasando por el Yaque del Norte, el Camú, el Tireo, el Jaya, el Haina, el Ozama, el Isabela y otros cursos de agua, halló una constante: extracción ilegal de materiales, basura, descargas sin tratamiento y una sensación de abandono y contaminación que se repite de comunidad en comunidad.
A esto se suma una dispersión de responsabilidades entre instituciones públicas que manejan por separado planes y proyectos, con debilidades en la continuidad de Estado y en su sostenibilidad.
Las consecuencias se hacen evidentes con el paso del tiempo:
Río Nizao
Río Haina
Río Camu
Río Yuna
Río Blanco
Río Ocoa
Río Ozama
La distancia entre los planes y el agua
Mientras corren los planes y proyectos, en Bonao, Valentín Ramírez recuerda un Yuna cristalino y arbolado. Ahora ve un cauce desgastado, camiones que entran a diario y un vertedero a 400 metros de la orilla que empuja basura al agua.
En La Vega, el río Verde ya casi no fluye. «Aquí había charcos en los que uno no se atrevía a tirarse, pero ahora es un arroyo», lamenta Idalio Moronta, de 79 años. A su lado, líderes comunitarios recuerdan cómo advirtieron por años sobre la extracción de arena y la deforestación sin que llegara ayuda. Las sanciones, dicen, «se volvieron un tributo al delito».
En la provincia Espaillat, una mujer grita al ver al equipo de Diario Libre: «¡Hay que hacerle un límite al río! ¡Todo el mundo tira basura!». En el río Moca, lo que circula ya no es agua sino desechos cloacales. Fundas plásticas, neumáticos y sofás se mezclan con los residuos porcinos que bajan principalmente desde Jamao y El Mogote. Ese veneno se escurre hacia los ríos Licey y Camú.
En el tramo que une La Vega y Espaillat, el Licey pasa oscuro y hediondo. En la ribera, se vierten desechos de criaderos de cerdos y el hedor es comparable al de una letrina saturada.
En Santiago, el Yaque del Norte tampoco escapa. Quienes conocieron el «Yaque dormilón» hablan de un río donde las familias se bañaban sin miedo. Hoy, lo que corre recibe aguas residuales e industriales; de cada seis metros cúbicos que consume la ciudad por segundo, 4.5 vuelven al cauce sin tratamiento.
En el Isabela el contraste es brutal: un río pestilente convive con pequeños balnearios improvisados. Aquí, familias se bañan en manantiales cercanos sin meditar que, pocos kilómetros más arriba, los lixiviados del inmenso vertedero de Duquesa desembocan en el mismo cauce que termina abrazándose con el río Ozama en un mismo olor nauseabundo.
Más al sur, en lo que fue el inmenso río Haina, en un tramo hoy fluye apenas un hilo de agua. El lecho está destruido, cubierto de basura y sin peces que sobrevivan. Entre las piedras, los huevos rosados del dañino caracol manzana proliferan sin control.
A su paso por el municipio Los Alcarrizos, decenas de granceras levantan montañas de arena a pocos metros del cauce de Haina, mientras en Villa Altagracia el arroyo Novillero se volvió una cañada de aguas negras.
«Usábamos su agua para todo —recuerda Félix Sepúlveda, agricultor de Pedro Brand—, pero desde hace tiempo tuvimos que hacer pozos y comprar botellones para beber». Rufino Henríquez, en cambio, extraña los saltos desde una barranca hacia el charco donde ahora solo hay basura.
El titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Francisco Contreras, ha reconocido la necesidad de fortalecer la persecución de los crímenes ambientales a través de una mayor coordinación con las entidades destinadas al resguardo de los recursos naturales.
Su objetivo es llevar ante los tribunales casos que culminen con sentencias condenatorias, como el año de prisión suspendida y el pago de una indemnización de 25 millones de pesos impuestos en el 2024 al propietario de una compañía y a su empresa por el vertido de desechos en las aguas del río Licey.
Pero además de la contaminación, el procurador ha advertido que a la extracción de agregados en las cuencas estarían migrando personas vinculadas a otras actividades ilícitas, al considerar que este negocio ilegal les permite lavar dinero con mayor facilidad.
En enero del 2025, el presidente Luis Abinader indicó que la explotación ilegal de agregados «se parece casi al narcotráfico». «Es un negocio muy delicado y lo estamos combatiendo», afirmó.
En el país se prohibió la extracción de arena y grava en los lechos y las llanuras de inundación de los ríos para evitar su degradación. No obstante, se permitió una excepción: la canalización en zonas donde los cauces representan riesgo para comunidades o infraestructuras. Solo pueden ejecutarla instituciones estatales autorizadas, y los materiales obtenidos deben usarse en la misma obra, sin fines de venta. En la práctica, se irrespeta.
El Ministerio de Medio Ambiente emitió más de 440 sanciones administrativas entre el 2023 y el 2024, en contra de infractores de las normas ambientales. La más costosa se impuso en mayo del 2024, por 20.4 millones de pesos, a una empresa de agregados.
La política que intenta alcanzar al río
El país está dividido en seis regiones hidrográficas: Yaque del Norte, Atlántica, Yuna, Este, Ozama–Nizao y Yaque del Sur. La demanda de agua para consumo humano, turístico e industrial supera los 1,200 millones de metros cúbicos anuales, concentrada en las regiones Ozama–Nizao y Yaque del Norte. Pero la disponibilidad es desigual y muchas cuencas están sobreexplotadas.
En la frontera, el río Blanco de Jimaní aparece solo con lluvias fuertes, bajando con violencia y dejando piedras y sedimentos. La deforestación masiva en las montañas haitianas desnuda la cuenca; la tragedia por una crecida en el 2004 —más de 400 muertos— sigue como cicatriz abierta. También está un deprimido río Ocoa. Así como es de ancho y largo, así de grande es su falta de agua.
El Plan Hidrológico Nacional 2025–2045 admite que los ríos del país presentan degradación y que procesos de planificación previos tuvieron debilidades por la no disponibilidad de una línea base ordenada, ni indicadores establecidos para medir su evolución o desarrollo. Y, una vez elaborados, los planes no se oficializaron.
En la Cámara de Diputados, la comisión de Medio Ambiente discute proyectos que buscan frenar el deterioro. Una es la propuesta de “Ley de salvaguarda contra la extracción ilegal de arena y residuos sólidos en ríos”, presentada por la diputada Carmen de la Rosa, que contempla sanciones de hasta 10 años de cárcel.
Otro proyecto pide declarar en estado de emergencia el río Nizao, mientras otras resoluciones plantean más planes de saneamiento para el Higüamo y el dragado del Nigua. En La Altagracia, una propuesta solicita investigar la contaminación de los ríos Duey, Yuma y Quisibani.
Mientras, el deterioro también alcanza a los bastiones de Santo Domingo. El Ozama–Isabela concentra la paradoja: el Poder Ejecutivo sumó otra iniciativa a las tantas aprobadas por los gobiernos durante décadas, al dictar el Decreto 531-25 que declaró su recuperación “de alta prioridad”, mientras la estación de transferencia del sector Cancino sigue activa en su ribera, emanando basura y lixiviados.
El Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria advirtió sobre bacterias resistentes a antibióticos en varios ríos urbanos, con especial énfasis en el Ozama–Isabela, el Yaque del Norte y el Yaque del Sur. En algunos tramos, más del 40 % de las muestras presentan genes de resistencia bacteriana, lo que representa una amenaza sanitaria creciente.
Estudios recientes en el Ozama ya habían reportado casos aislados clínicamente relevantes y multirresistentes, subrayando el riesgo sanitario de un río que recibe decenas de cañadas y descargas industriales.
Bien, hasta que haya dinero
Los millones invertidos en proyectos han permitido limpiezas, reforestaciones y colectores en puntos específicos. Pero sin continuidad, autoridad hídrica fuerte y sanciones efectivas, los avances se evaporan.
El Banco Mundial suma en el país más de 370 millones de dólares en agua y saneamiento en la última década. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con Rescate Ozama, ha retirado cientos de toneladas de residuos, y el Banco Popular Dominicano ha aportado unos 40 millones de pesos para reforestaciones y conservación hídrica.
Las tres entidades coinciden en que los proyectos para rescatar los ríos han tenido logros puntuales, pero se necesita un impacto duradero que trascienda la continuidad de Estado y se evite la dispersión institucional en el tema.
En las cuencas donde hay mayor problema de agua es donde hay mayor agricultura. “Por ejemplo, la cuenca del Yaque del Norte, la del Yaque del Sur, Yuna, donde el balance hídrico ahí es prácticamente menor a la demanda”, observa Juan Sierra, director de Aguas del Viceministerio de Suelos del Ministerio de Medio Ambiente.
Señala el cambio de uso de suelo como una problemática que alienta la destrucción de los ríos. “El Banco Agrícola financia plantaciones de café en las cuencas altas de los ríos (…), eso es criminal”, dice como ejemplo de la consecuencia de la dispersión institucional. El café es un cultivo que, si no se maneja con técnicas de conservación, provoca erosión y pérdida de cobertura boscosa.
El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, advierte que se necesitan programas de reforestación y prohibir la siembra en cuencas altas. “Es un trabajo de las autoridades ambientales y municipales, que deben imponer la ley por encima de cualquier agricultor”, afirma.
Para contrarrestar los cultivos, Medio Ambiente cuenta con un proyecto de pago por servicio ambiental para darles dinero a los campesinos a cambio de que no siembren en la parte alta de la cuenca. Sin embargo, la falta de recursos limita su pleno funcionamiento.
La Oficina del Banco Mundial en el país advierte que es necesario contar con un marco regulatorio adecuado —como el que planteó el proyecto de ley de aguas, pendiente de aprobación— y establecer un sistema de derechos de agua basado en el interés público.
“La gestión inadecuada del agua en la República Dominicana está generando tensiones crecientes entre sectores clave como la agricultura, el turismo y la industria, lo cual afecta el desarrollo económico del país”, enfatiza.
La representación local del PNUD reconoce avances en limpieza y educación ambiental, aunque frágiles sin respaldo sostenido del Estado; y el Banco Popular destaca reforestaciones y humedales, pero subraya que la presión poblacional sobre las riberas exige una respuesta institucional más firme.
“La recuperación ambiental no termina en un día porque el estado de degradación que han sufrido nuestros bosques es por años”, alerta Sierra.
Juan Saldaña, director de Planificación para el Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), agrega el punto ciego: “El proyecto dura hasta que dure el financiamiento. Te queda el efecto residual de la memoria de la gente durante unos meses, que se va degradando hasta que desaparece completamente. Y si no hay una intervención rápida de otra acción de proyecto, se diluye completamente”.
Saldaña remata: “La problemática de todos los proyectos que yo he analizado se llama sostenibilidad. Ningún proyecto incluye dentro de su financiación o de su ejecución lo que tiene que ver con el seguimiento y continuidad. Ninguno”.
Y reafirma: “Vas a encontrar muchísimos proyectos, tanto del Estado, del sector privado, que han tenido un alto impacto durante la ejecución, pero sin recursos para la sostenibilidad posterior. No lo tienen. Entonces, esa es la debilidad fundamental”.
Un futuro que aún puede fluir
Pese al deterioro, en distintas cuencas hay señales de recuperación. En 10 años, la masa boscosa del país ha crecido, según inventarios de la FAO.
El saneamiento del arroyo Gurabo en Santiago redujo en un 25 % la contaminación que vertía al Yaque del Norte, y el Plan Sierra ha protegido bosques y manantiales que abastecen comunidades enteras. En Bonao, el Ministerio de Medio Ambiente mantiene viveros y programas de reforestación en la cuenca del Yuna.
De hecho, los programas de Cuenca Prioritaria y el Plan Nacional de Reforestación son los más exitosos del ministerio en cuanto a resultados. A la fecha se ha reforestado más de 3,000 tareas.
Medio Ambiente impulsa acciones conjuntas con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para combinar infraestructura con soluciones basadas en la naturaleza.
En la presa de Valdesia, se desarrolló un programa para la extracción controlada de sedimentos junto con la cooperativa local CoopMuchaagua, como plan piloto para reducir el azolvamiento y generar empleo comunitario. Es un ejemplo de trabajo en las presas para evitar que el desprendimiento de la capa arable baje a la presa.
En Nizao, se han intervenido zonas degradadas con árboles forestales. De forma paralela, Medio Ambiente desarrolla programas de pagos por servicios ambientales para incentivar la conservación, aunque estos trabajos siguen siendo tímidos y necesitan más recursos.
En sus esfuerzos por fomentar la conciencia ambiental, la Dirección de Aguas de Medio Ambiente organizó 14 jornadas de sensibilización y múltiples actividades educativas en las subcuencas Mahomita y Muchas Aguas, impactando a más de 1,200 jóvenes.
En Santo Domingo, desde el 2011 la fundación Ozama Verde impulsa el programa Escuela Verde, creado en alianza con el Ministerio de Educación. «Enseñamos a los estudiantes de primaria y secundaria sobre reciclaje, cambio climático y saneamiento; luego hacemos jornadas de limpieza y reforestación», explica Carlos Perkins Torres, quien la preside.
Con ese modelo, cientos de jóvenes han limpiado cauces, plantado árboles y enseñado a sus familias a separar la basura desde el origen. «La educación —dice— es el primer paso para sanar el río».
Los años también trajeron nuevas iniciativas. Desde la red Amigos del Río Ozama, comunidades enteras reportan agresiones y vertidos al cauce. «Cuando alguien ve a una empresa o ciudadano que daña el río, nos avisa y denunciamos», indica Torres. Es un sistema de vigilancia ciudadana que abarca provincias como Monte Plata y Santo Domingo, y que ha permitido crear conciencia incluso en zonas rurales.
Para enfrentar el problema de la continuidad, Juan Saldaña, director de Planificación para el Desarrollo Institucional del Indrhi, menciona una estrategia para el 2026: articularse con el Ministerio de Hacienda, para que en la medida que cualquier institución del sector agua pida dinero para un proyecto, se le pregunte con qué objetivo del plan ecológico está conectado.
¿Para qué? Para poder atar los recursos a una visión país de construcción de largo plazo.
