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El propietario de Metales Antillanos, empresa afectada con la prohibición de desguace de embarcaciones y reciclaje de metales en los ríos Ozama e Isabela, invitó a las autoridades a sentarse a reflexionar y abrir un proceso de diálogo y a otorgarle un plazo de un año y seis meses para cumplir con sus compromisos.José Ignacio Acero indicó que este proceso ha conllevado a que la empresa depositara el pasado 30 de diciembre ante el Tribunal Superior Administrativo una acción de amparo fundamentada en la violación del artículo 50 de la Carta Magna sobre libertada de empresa.
“Medio Ambiente se ha creado la percepción de que nosotros somos los únicos causantes de la contaminación de los ríos sin tomar en cuenta la dejadez que por muchos años han exhibido las autoridades frente a las decenas de industrias de reconocidas familias que descargan sus desechos en los ríos y la falta de tratamiento de las aguas negras producidas por todos los hogares de la ciudad”, sostuvo.
Asimismo, dijo esperar que el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito “baje el perfil agresivo” que ha mostrado últimamente.
Metales Antillanos es pionera en este tipo de operaciones en el país. Opera en un perímetro de casi 70 mil metros cuadrados en la margen occidental del río Isabela desde 1978. En los últimos 38 años se ha dedicado al reciclaje de metales y reparaciones de embarcaciones de pequeño, mediano y gran calado en el país. La misma se encuentra dentro de las cinco empresas a las que Medio Ambiente otorgó un plazo de tres meses, que venció el 1 de enero del año en curso, para culminar todas las operaciones existentes y vigentes. Alberto Caamaño García, abogado de la empresa ubicada en Polvorín de Villa Mella, Santo Domingo Norte, consideró que un año y seis meses es suficiente para terminar de reciclar tres embarcaciones de compañías internacionales y demostrar que las operaciones que realizan no contaminan los ríos.
Medio Ambiente está renuente
En tanto, al ser entrevistado en la emisora, “El Sol de la Mañana”, el ministro de Medio Ambiente indicó que más de 200 empresas se dedican a contaminar los ríos antes mencionados.
“Si nosotros organizamos las 241 empresas que en un periodo de un año o algo más pudieran regularizar su situación, nosotros podemos mitigar medianamente las contaminaciones que estamos viendo en los ríos Ozama e Isabela” dijo.
Acerca de Metales Antillanos dijo que no cuenta con un permiso renovado. “Yo sé que es una batalla, y sé que algunos se van a resistir, y lo mismo pasa en Valle Nuevo, y la resistencia es de los más ricos y más pobres, pero tiene que haber un orden y cada quien hace lo que tiene que hacer. Sé que tendremos una lucha frontal en este caso”, afirmó.
Aseguró que la contaminación química de esos barcos va a los ríos, luego al mar. “Tienen que buscar otro lugar que reúna todos los estudios de impacto ambiental y condiciones nacionales e internacionales, pero no es posible continuar con esa situación”.
elCaribe se enteró que de las cinco empresas notificadas en octubre pasado (Malaca Group/ Malaca Diesel; Astillero Hermanos Benítez o Legus Enterprises LTD; Metales Antillanos S.A; Naviera Río San Juan (Dique/Canal La Barquita) y el Dique Atracadero Vicini (antiguo Metaldom), solo Naviera Río San Juan está en proceso de retirada.
Dicen resolución 13-2016 afecta empleomanía
Mientras el Ministerio de Medio Ambiente busca recuperar los ríos Ozama e Isabela con la prohibición del desguace de embarcaciones y reciclaje de metales, residentes de los sectores donde se llevan a cabo estas operaciones aseguran que la medida arrebata su principal fuente de sustento. Julio Rijo y Luis Peralta han dedicado más de 20 años al desguace de embarcaciones en Varadero y Reparaciones Navales, en la Barquita Norte. Aseguran que con el cierre de las operaciones, cientos de familias serán afectadas.
Por Diana Rodriguez
El Caribe
