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Problemática Ambiental en la República Dominicana, año 2016

basurerohatomayorLa situación de los recursos naturales de la República Dominicana en la actualidad es enormemente preocupante. A pesar de las leyes aprobadas que deberían ser respetadas en relación a la conservación de la naturaleza, nuestros recursos se van perdiendo constantemente por la falta de voluntad política para hacer cumplir la legislación vigente. También la corrupción hace mella en la depredación de la naturaleza, al utilizarse tanto para lograr vulnerar la ley como para evitar las consecuencias de hacerlo. Por otro lado, las carencias educativas de la población hacen que la depredación se vea como una consecuencia necesaria para el desarrollo, por lo que muchos colectivos no exigen a las autoridades que frenen la destrucción de la naturaleza dominicana.

Para hacer un análisis de la problemática que exponemos, vamos a repasar nuestros principales recursos naturales y veremos en qué situación se encuentran hoy en día.

Bosques

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La cobertura forestal de la República Dominicana es ya escasa. Las principales masas forestales se encuentran en nuestras montañas y en mucha menor medida en la llanura litoral y en los valles. La depredación de los bosques es una constante, bien para vender la madera, para plantar conucos o para hacer carbón. Esta es la realidad, la cual contrasta con los datos que pretenden que nuestro país maneja adecuadamente sus recursos forestales. Nada más lejos de la realidad y las constantes protestas del sector ambiental ante la desidia de las administraciones en cuanto a la deforestación se refiere, es una buena prueba de lo que estamos viviendo.

De los tres medios citados de explotación que dañan irreparablemente los bosques, los más extendidos en nuestro país son la fabricación de carbón y la conuquización.

La fabricación de carbón se realiza en el país entero, habiendo además almacenes bien conocidos por las autoridades que manejan toneladas y toneladas de c

arbón diariamente. Incomprensiblemente incluso se dan autorizaciones a particulares para que lo fabriquen, a costa de la integridad de nuestros bosques. Para justificar esta situación se otorgan permisos de “limpieza” de espacios forestales… pero no se controla que la madera que se comercializa se haya obtenido siguiendo las normas adecuadas. Esta situación es inadmisible y los ciudadanos debemos exigir a las autoridades que pongan todas las medidas necesarias para evitar la carbonización de nuestros bosques.

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Por otro lado los responsables de la fabricación y comercialización del carbón manejan sus actividades con la más absoluta impunidad. El trasiego de carbón entre República Dominicana y Haití es diario, sin que se ponga freno a la situación. Se victimiza a los haitianos de la situación como ejecutores de las talas y quemas, pero todos saben que estos elementos trabajan para dominicanos en la mayor parte de los casos. La corrupción es una de las grandes responsables de esta situación, pues el negocio del carbón compra voluntades desde la base hasta la cúpula de las instituciones.

Cuando los ambientalistas cuestionan esta situación y la impunidad en la realizan sus actividades los carboneros, siempre reciben respuestas evasivas o claramente desafiantes: “no hay efectivos suficientes para controlar a los carboneros”, o, “cuando se detiene a los carboneros y se llevan al cuartel de la policía los sueltan de inmediato”.  Tampoco hay puestos de vigilancia ni remotamente suficientes, eso es una realidad, pero no lo es menos que ni con los que hay se realiza un trabajo efectivo para frenar la práctica de la fabricación de hornos de carbón.

En cuanto a los conucos la situación es similar, pues a pesar de haber diarias deforestaciones y quemas de parcelas de bosque, ni se frena la práctica con la contundencia que merece el caso, ni se actúa contra los depredadores con toda la fuerza de la ley para desanimar a quienes pretendan arrasar nuestros bosques. En este caso la excusa es básicamente la misma: “padres de familia”, como si el hecho de tener que alimentar a los hijos fuera ya motivo suficiente para arrasar impunemente el patrimonio forestal de la nación.

La pobreza en que vive gran parte de la población dominicana es penosa, realmente; las zonas económicamente deprimidas en los campos dominicanos son una constante que rompe el corazón a quienes la tenemos que observar casi a diario. Pero la solución jamás será permitir que afronten el problema inmediato de solucionar sus carencias económicas con prácticas depredadoras que anulan absolutamente la posibilidad de que sus protagonistas tengan un futuro. Se deben buscar alternativas desde el Estado para apoyar la supervivencia y el crecimiento económico e intelectual de las gentes pobres que en la República Dominicana, quienes realmente, son legión. Pero siempre desde conceptos de desarrollo sostenible y responsabilidad social, nunca desde la inacción y la permisividad ante la violación de las leyes.

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Los incendios forestales son otro grave problema al que nos enfrentamos todos los años. Sin embargo, a pesar de poder prever su ocurrencia estacional, el Ministerio de Medio Ambiente no cuenta con los medios necesarios para combatirlos. De esta manera poco a poco, pero sin pausa, nuestras montañas se calcinan año tras año. Necesitamos medios aéreos para controlar incendios; lo inaccesible de muchas áreas montañosas en nuestras cordilleras hace imposible controlarlos desde tierra. Sin embargo, ni un solo avión ni helicóptero tenemos en el país para actuar contra los incendios forestales. Hace años se adquirieron elementos para instalarlos en los helicópteros de la fuerza aérea para recoger agua y verterla desde el aire, pero no pudieron ser instalados de manera operativa.

La situación de desprotección de nuestra masa forestal ante los incendios es alarmante y ya ha generado gravísimos problemas de deforestación que se van a incrementar, sin duda alguna, debido al fenómeno del cambio climático. Cuando nuestros bosques se queman, además, en muchas ocasiones se realizan prácticas ecológicamente insostenibles posteriores, como el retiro de la madera para su comercialización. Con esta práctica inaceptable, además de privar a los suelos de defensa ante el arrastre de la tierra provocado por las lluvias, se potencian los incendios intencionados. Así pues, no solamente no se tiene defensa contra los incendios más graves, sino que tampoco se aplican sistemáticamente las políticas adecuadas para minimizar los enormes daños que provocan en el ecosistema.

Ríos

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Los ríos están sufriendo durante estos años la mayor depredación que se ha realizado nunca en el país. Pese a la larga y cerrada lucha que el sector ambiental protagonizó durante años para que desde el Ministerio de Medio Ambiente se aboliera completamente esta práctica, hasta que finalmente se prohibió la extracción de agregados de los ríos, hoy día el problema persiste. Diariamente se están otorgando permisos a las compañías que venden agregados de construcción para que extraigan arena de los mismos lechos de los ríos y de los campos de dunas. Esta clara violación de las leyes incide brutalmente en la destrucción progresiva de los ecosistemas fluviales  y de las playas que jalonan nuestras costas.

La mayor parte de los permisos se justifican como “extracción manual”… aunque sea evidente y conocido que este trabajo se realiza en la mayor parte de los casos con palas mecánicas y se carga el material en camiones de volteo. Otros permisos, los más dañinos al resultar completamente insostenibles, se amparan en la “canalización de ríos” que no tienen ninguna necesidad de ser canalizados. En estos casos se ha constado sin duda alguna que la mayor parte del sedimento removido no se destina a taludes, sino que acaba en los almacenes de agregados para su venta a las constructoras. El negocio para quienes extraen las arenas y gravas es enorme, pues se mueven cientos de millones de pesos mensuales a costa de nuestra naturaleza y de su principal recurso: el agua.

Esta situación se denuncia casi a diario en medios de comunicación sin que las autoridades se den por enteradas, salvo en los casos en que el escándalo trasciende de manera importante. Entonces se aplican medidas cosméticas que realmente no calan en lo profundo del problema: la absoluta falta de control de las actividades de los depredadores de los ríos y la corrupción administrativa que lo permite. Uno de los últimos escándalos más sonados es la sistemática depredación de los ríos Yásica y Veragua que se realiza a diario, con camiones cargados de materiales rodando por las carreteras de la costa norte, en la más absoluta impunidad. El caso es especialmente grave, pues la playas de Cabarete ya están sintiendo la carencia de las arenas arrastradas por el río y están en franco retroceso y ya en parte desapareciendo.

Las explotaciones mineras son otro de los grandes factores de contaminación de ríos y lagos. Huelga hablar de las destrucciones que perpetró Falconbridge en el río Yuna y la presa de Hatillo que hoy día sufrimos sin que nadie se preocupe por restaurar los recursos hídricos dañados. Los estudios realizados en la presa de Hatillo constatan la presencia de materiales pesados en el fondo fangoso de la presa y es tanta la contaminación que los niveles de estos metales detectados en los peces superan ampliamente los niveles admitidos para consumo humano.

Lo único positivo que podemos aportar a esta situación es el empoderamiento ante el problema que se ha dado en las comunidades afectadas y el sector ambiental del país. De todos es conocida la lucha que se ha llevado a cabo y que aun se pelea, para evitar la destrucción de Loma Miranda. Lo vergonzoso de la situación es que haya habido que luchar tanto ante un problema tan evidente, para tener una respuesta tan tímida y lenta por parte de la administración para frenar a la minera. De hecho aun persiste un campamento de jóvenes al pie de la loma, pues el peligro de que la minera atente contra el recurso natural aun pende, como espada de Damocles, sobre la loma Miranda.

Actualmente tenemos otro candente problema en este sentido con las explotaciones de bauxita en el mismo lindero del Parque Nacional Sierra de Bahoruco que incluso pretende destruir la única carretera que lo une a las poblaciones de la costa suroeste. El choque frontal de la minería con la conservación del medio ambiente y del recurso agua, además de su incompatibilidad con el mantenimiento de una industria turística sana en muchos lugares es enorme. Pero solamente la lucha social y el sector ambiental independiente, son los elementos que logran frenar la depredación sistemática de buena parte de industria minera. En vez de encontrar el apoyo en las autoridades que deben velar por el desarrollo sostenible del país, han de confrontarlas y presionarlas sin descanso para lograr que hagan su trabajo.

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Las descargas de aguas negras a los cauces fluviales son constantes, al no existir plantas de tratamiento en las grandes poblaciones y carecer en su mayor parte de sistemas de alcantarillado apropiados. La ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales para las poblaciones es otra de las más problemáticas constantes que vemos en el país. Ni si quiera la capital de la República Dominicana, con varios millones de habitantes, tiene un sistema de tratamiento de aguas ni remotamente suficiente. El resultado es uno de nuestros ríos más emblemáticos, el Ozama, contaminado hasta límites extremos, al igual que el Isabela y el Haina; y las poblaciones que crecen en sus mismas riberas, en zonas que periódicamente se inundan, son las primeras que sufren en sus carnes esta penosa realidad extremadamente insalubre. La práctica totalidad de las aguas fecales van a parar a los ríos y al mar y los efectos son bien visibles y alarmantes.

Esta situación contrasta con el celo con el que la administración controla las plantas de tratamiento de los hoteles. Resulta chocante que hoteles con planta de tratamiento que operan al lado de poblaciones sin ningún sistema de alcantarillado, son fiscalizadas, afortunadamente, en el manejo de sus aguas negras; pero las poblaciones vecinas, con una masa habitacional cientos de veces superior, tiran sus aguas servidas al subsuelo, los ríos y el mar sin que nadie haga absolutamente nada por evitarlo. El problema es de proporciones nacionales y aun no se genera una política enérgica dirigida a crear sistemas de tratamiento de aguas operativos en todas las poblaciones del país.

Humedales y niveles freáticos

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Los humedales son agredidos constantemente. Muchos de ellos se encuentran en nuestra llanura litoral formando parte de cordones lacustres que albergan nuestras especies salvajes más importantes y las manchas de manglares costeros, imprescindibles para el desarrollo de la vida marina. En este caso son principalmente los desarrollos inmobiliarios los que los afectan, sin que en la mayor parte de los casos se frene su destrucción amparándose en un ficticio desarrollo en contra claramente del cumplimiento de las leyes ambientales.

A pesar de que la República Dominicana firmó la convención Ramsar, nuestros humedales continúan desprotegidos en buena parte. Se desecan subrepticiamente o a las claras, da lo mismo, pues los depredadores siempre encuentran una salida sin consecuencias legales por la violación de las leyes. Así se destruyen constantemente hectáreas y hectáreas de estos enclaves fundamentales para la fauna y para el mantenimiento de los niveles freáticos. Hace unos días se publicaron fotos de cómo un grupo organizado de personas entre las que al parecer había políticos locales, tuvieron la desfachatez de alterar el curso de un canal, para apropiarse de terrenos pantanosos que forman parte del área protegida Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta. Este terreno pantanoso fue rellenado posteriormente y todo delante de los mismos responsables de controlar el área protegida.

La destrucción de humedales provoca daños irreparables a la flora y a la fauna, especialmente a las colonias de aves acuáticas y a los anfibios. Las explotaciones agrícolas son otro factor de riesgo para la conservación de los humedales, pues contaminan las lagunas con el uso de agroquímicos que las lluvias acaban depositándolos en los cuerpos de agua. De la misma manera las explotaciones ganaderas en las zonas donde se localizan lagunas, afectan también seriamente la integridad de las mismas, dado que las heces del ganado generan nitratos que las lluvias acaban transportando a las corrientes de agua que nutren los humedales permanentes. El control que existe sobre estas prácticas es casi nulo en todo el territorio nacional y el efecto sobre la fauna lagunar resulta devastador.

La sobreexplotación de los niveles freáticos también afecta a nuestros humedales. Tanto para las labores agrícolas como para el consumo humano los pozos proliferan cada día más, sobre todo en la llanura litoral del este y el sureste del país. La construcción masiva de grandes hoteles en la zona de Bavaro y Punta Cana ha creado una crisis de enormes proporciones en nuestras reservas hídricas subterráneas, pues la explotación irresponsable del acuífero ha llevado ya la interface salina a más de once kilómetros de la costa. Además las descargas al subsuelo de aguas residuales ha contaminado esta agua que hoy por hoy son ya inútiles para consumo humano si antes no se tratan y se depuran. Esta aguas son las que afloraban en los abundantes humedales del cordón litoral que hoy prácticamente ha desaparecido desecado y ocupado por construcciones turísticas.

También afectan de la manera más negativa a nuestros acuíferos subterráneos los depósitos de basura incontrolados que se encuentran por todos los rincones del país. Los rellenos sanitarios brillan por su ausencia, aunque es el único sistema de manejo de basura sólida que asegura el que minimice la contaminación por este tipo de residuos masivos. Al depositarse la basura en vertederos en prácticamente el país entero, los lixiviados altamente contaminantes se filtran en el suelo contaminando el acuífero donde quiera que se encuentre. Se debe generar una política decidida en el país para erradicar los vertederos ilegales y dotar a todas las poblaciones de rellenos sanitarios, pero vistas las prioridades políticas de los gobiernos, el momento en que se decida afrontar este problema parece realmente lejano.

Costas

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En las costas el elemento más afectado en el país son las playas. La sistemática destrucción de las dunas por carreteras, edificaciones e infraestructuras es constante. Es bien conocido por los especialistas que la dinámica de playas tiene en la duna uno de sus principales factores, como reservorio natural de arena, pero se cierran los ojos ante esta realidad, pues el efecto de su destrucción no es inmediato, sino que se verifica algunos años después de realizado el daño. Otra vez más volvemos al peor de los problemas que es la permisividad y en algunos casos el protagonismo directo de algunas instituciones estatales en la destrucción de estos recursos naturales. Para empeorar la situación, cuando las playas desaparecen por la irresponsable acción humana, en ocasiones se “restauran” a base de extraer arenas de los reservorios de arena submarinos, afectando el equilibrio del ecosistema natural, para arrojarla en las costas donde la línea de playa ha sido eliminada pos su mal manejo.

Las construcciones en la misma orilla del mar y las descargas de las aguas negras en la costa son otro de los graves problemas que deterioran día a día este recurso. Las leyes que protegen la costa resultan insuficientes, sobre todo debido a que mediante un Decreto pueden obviarse y lograr permisos “legales” para edificar dentro de los sesenta metros de protección, ya de por sí exigua, que prevé la ley. Lugares de gran belleza que han sido completamente alterados y en buena parte destruidos podemos observarlos en áreas turísticas, como el pueblo de Bayahibe, donde su hermosa ensenada ha sido “urbanizada” cementando la costa rocosa y convirtiendo su maravillosa playa en un puerto de lanchas turísticas. El trasiego de vehículos con remolques y la colocación de las embarcaciones sobre la playa compactaron las arenas blancas creando una superficie fangosa. Por si fuera poco el manejo de motores y depósitos de gasolina cubren diariamente de grasas y combustible las aguas claras que bañaban la antaño paradisiaca playa ya desaparecida.

Las costas dominicanas se alteran siempre que alguien lo desea en clara violación de las leyes, sin embargo, por razones que todos conocemos, ni se frenan los destrozos ni se somete a los responsables. Continuamos en la misma línea de inacción de las autoridades y de falta de respuesta de la administración de justicia. Poner freno a esta situación es una necesidad imperiosa en el país, pues de no hacerlo de inmediato, en un plazo breve de tiempo las afectaciones sufridas por nuestras costas serán irreversibles, como de hacho ya lo son en muchas zonas del litoral.

Los ambientalistas hemos tenido que luchar para evitar que ensenadas costeras que además son áreas protegidas sean destruidas, como el caso del Refugio de Vida Silvestre Bahía Luperón, donde ilegal e impunemente ya se han deforestado parte de sus riberas de manglares para construir una marina deportiva. Aun así el problema persiste y todavía se sigue presionado para lograr convertir esta parte de la costa tan sensible y ecológica y paisajísticamente importante, en un área urbanizada y deforestada. Es impensable que un área costera amparada por la ley siga en jaque aun con todas las características que indican a las claras su inviabilidad como zona donde pueda edificar.

Arrecifes de coral

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Los arrecifes de coral son destruidos día a día por las anclas de los barcos, las aletas de los buceadores deportivos inexpertos, los pescadores que trabajan con “planta” y lo que es mucho peor, por las descargas de las poblaciones que no tienen en prácticamente ningún caso, depuradoras de aguas residuales y vierten las aguas negras al mar o al subsuelo en las cercanías de la costa.

La pesca irresponsable es sin duda alguna la más dañina, pues además de acabar con “todo lo que se mueve” en los arrecifes, tanto en los superficiales como en los más profundos, se lleva la vida de muchos buceadores y deja tullidos a otros tantos. Lo equipos que utilizan para bucear se fabrican con motores de viejos refrigeradores y el aire que les llega a los buzos bajo el agua contiene humos y gases nocivos; tampoco realizan la descompresión necesaria después de horas buceando a decenas de metros, lo que les provoca antes o después ataques de presión que tapan sus venas y arterias, presionan los nervios o les dañan las articulaciones, dejándolos ciegos, paralíticos, parapléjicos o directamente acabando con su vida. Las vedas de la langosta y del resto de los crustáceos nunca se respetan y estos se venden libremente en las pescaderías ante la pasividad de las autoridades. Con esta situación de permisividad total, nada se salva de la actividad pesquera de los buzos, por pequeño que sea o “ahuevado” que esté.

La actividad de los buceadores deportivos es un gran problema en buena parte de los arrecifes poco profundos que se localizan en las costas turísticas dominicana. Esta actividad que de por sí es perfectamente sostenible, no se controla adecuadamente y muchos clubes evitan capacitar correctamente a sus clientes antes de llevarlos a los arrecifes de coral. Su inexperiencia con los equipos de buceo autónomo y el desconocimiento de las técnicas, hace que al no controlar adecuadamente la flotación, las aletas incidan sobre los pólipos y los maten. Esta acción realizada a diario por docenas de buzos, redunda en daños irreversibles en el arrecife que ya podemos observar en muchos lugares costeros donde existe una alta visitación de buceadores deportivos.

Por otra parte los barcos que realizan actividades en los arrecifes no cuentan con boyas de fondeo que permitan evitar el tirar anclas. Al hacerlo, estas “garrean” en el fondo sobre los corrales, despedazándolos constantemente. A pesar de lo dañina que resulta esta práctica, nadie se preocupa de controlarla y de poner las boyas de fondeo necesarias en las zonas de arrecifes visitados por buceadores.

Las descargas de aguas residuales frente a los arrecifes y el incremento de sólidos suspendidos en las aguas que de los ríos cuando desembocan en el mar, afectan también de la forma más negativa a los corales. A esto debe añadirse el calentamiento de las aguas debido al cambio climático que provoca el blanqueamiento de los corales que mueren sin cesar. Esta es la triste realidad de nuestros arrecifes hoy día, antaño cubiertos de esplendorosa vida marina y hoy en franca decadencia.

Áreas protegidas

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El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República Dominicana (SINAP) adolece de grandes problemas, pero el más serio, sin duda alguna, es la situación legal en que se encuentran la mayor parte de las unidades de conservación que lo componen. Por un lado el SINAP se encuadra dentro de una ley que presenta enormes deficiencias técnicas que además no se aplica adecuadamente, y por otro, buena parte de las áreas protegidas violan las leyes de la propiedad inmobiliaria.

A pesar de esta situación, bien conocida por todos los profesionales del medio ambiente, hasta ahora, no hay voluntad política de enfrentar este grave problema y solucionarlo de una vez por todas. Cuando en 2008 desde el sector ambiental privado se solicitó el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, para preparar un texto que solucionara los errores e imprecisiones presentes en la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, la respuesta fue positiva. Pero tras varias reuniones tanto en universidades como en las mismas instalaciones del Ministerio, el Ministro, con su mejor voluntad, decidió poner fin al asunto al no tener clara la respuesta de los Diputados a la hora de plantear modificaciones a la Ley. Literalmente se pensó que podría ser peor el remedio que la solución y así la reforma de esta ley se quedó en el tintero hasta hoy día.

El Decreto 571-09 mediante el que declaran 31 nuevas áreas protegidas en 2009, a pesar de haber sido realizado con indiscutibles muy buenas intenciones, también ha creado serios problemas al incluir en áreas protegidas enclaves completamente antropizados, poblaciones y desarrollos inmobiliarios en proyecto previamente aprobados por el Ministerio de Turismo. También se declararon como áreas protegidas zonas que al no haber sido previamente estudiadas en profundidad, no se puede saber si realmente cuentan parcialmente o en su totalidad, con las características ecológicas necesarias para formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Los problemas más graves que presenta la legislación actual sobre áreas protegidas son los siguientes:

Inconsistencias jurídicas:

  • Buena parte de las áreas protegidas se crean sin haber previamente declarado los terrenos que abarcan como de utilidad pública.
  • La delimitación de algunas áreas protegidas genera problemas la propiedad de la tierra de las comunidades que viven dentro de ellas o en sus inmediaciones.
  • Algunas áreas protegidas vulneran los derechos adquiridos por los propietarios en orden a su uso previamente a la declaración.
  • La terminología del texto de la ley es confusa en muchos de los artículos.
  • La ley 202-04 se preparó sin tener en cuenta la opinión de la sociedad dominicana y sin la participación de los organismos técnicos y científicos pertinentes ni de los afectados por las mismas.

 Inconsistencias técnicas:

  • Existen incoherencias entre las disposiciones de la Ley y los usos permitidos en las áreas protegidos según su categoría, especialmente en las Reservas Científicas.
  • Algunas áreas protegidas se crean en base al mapa topográfico 1:50.000 de la República Dominicana anticuado y obsoleto, con datos incorrectos en cuanto a caminos, poblaciones y delimitaciones de humedales, entre otras cosas.
  • Se establecen categorías de protección erróneas a diferentes áreas protegidas, lo que hace imposible su manejo en los términos que pretende la misma Ley.
  • Se crean áreas protegidas donde se fragmentan los hábitats, en unos casos rompiéndolo para crear áreas protegidas diferentes y en otros creando áreas protegidas sin conectividad pretendiendo proteger el mismo hábitat.
  • Crea áreas protegidas que no son tales, como las Reservas Forestales.
  • Hay áreas protegidas a las que no se les indican claramente sus límites y estos se pierden sin poder establecerlos sobre el terreno.
  • Para delimitar las áreas protegidas en muchos casos se utilizan accidentes geográficos imprecisos que cambian de configuración, como ríos, carretras, etc.
  • Las áreas de amortiguamiento de las áreas protegidas no corresponden a las necesidades de cada una de ellas, sino a una superficie fija que en absoluto puede considerarse como tal.
  • La superficie de algunas áreas que se refleja en la Ley no corresponde al cálculo que deriva de aplicar los límites según las coordenadas que figuran en la misma Ley.
  • Se utilizan sistemas de coordenadas diferentes dentro del texto de la Ley.
  • Los valores de las coordenadas no caen exactamente donde indica el literal de la Ley.
  • Algunos de los mapas que se publican en el Ley no corresponden a lo que indican las coordenadas que se incluyen en el texto.
  • Hay áreas protegidas cuyos límites quedan abiertos y el polígono protegido no se cierra.
  • Para reflejar los límites de las áreas protegidas no se utiliza el “Datum” que sirve para corregir las distorsiones respecto a la superficie terrestre, lo que ocasiona problemas a la hora de marcarlos sobre el terreno.
  • El texto de las leyes no reconoce la primacía de la biodiversidad como motivo principal de su creación y aplicación.
  • Las áreas protegidas no incluyen todas las zonas estratégicas del país para la producción de agua potable.
  • Se redujeron y fragmentaron áreas protegidas sin tener datos científicos que lo justifiquen.
  • Las categorías de muchas de las áreas protegidas se establecieron sin realizar los correspondientes estudios científicos que las justifiquen.

En base a esta situación bien conocida y manejada tanto por las autoridades como por el sector ambiental en general, se hace completamente imprescindible generar una nueva Ley Sectorial de Áreas Protegidas que solucione todos los problemas que actualmente empañan a alrededor del 36% del territorio nacional. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República Dominicana es el activo más importante con que cuenta el país; por tanto, regularlo legalmente de la manera apropiada es imprescindible para poder prosperar de manera sostenible garantizando el suministro de los recursos naturales con los que contamos.

Conclusiones

Después de este informe realista y actualizado de la situación de la naturaleza de la República Dominicana, podemos concluir que por este camino, los recursos naturales del país tienen un futuro muy oscuro. Si la ciudadanía continúa aceptando la depredación y destrucción sistemática de nuestros recursos naturales, estos se perderán para siempre y nuestra agua, nuestros suelo, nuestros bosques y finalmente la vida de nuestras familias desaparecerá en un desierto de desechos y miseria. Si de la misma manera, los ciudadanos continúan admitiendo la corrupción en los estamentos públicos como algo inevitable sin luchar responsablemente para frenarla, la esperanza de conservar nuestra naturaleza virgen es muy pequeña.

El pueblo de la República Dominicana debe ser consciente de la enorme importancia que la conservación del medio ambiente tiene para su supervivencia. De cómo tratemos nuestra naturaleza depende el suministro de agua a las poblaciones y a las explotaciones agrícolas. De la conservación de los bosques depende el mantenimiento de los suelos sobre los que se asienta nuestra agricultura. De la salubridad de los ríos y depende igualmente la descarga de aguas sanas en el mar y de esto los arrecifes coralinos y buena parte de nuestros recursos pesqueros. De la conservación de las playas depende nuestra primera industria nacional, el turismo.

Es fundamental educar a la población sobre la importancia de conservar los recursos naturales. Esta es la primera y más importante acción que desde las instituciones debe enfrentarse. También hay que reforzar los controles de las fuerzas de seguridad del estado para detener a los depredadores y se debe acabar con la corrupción a todos los niveles que impide que los infractores sean controlados y en su caso castigados. La ley debe aplicarse en todos los casos y con el máximo rigor.

La isla de Santo Domingo no es inagotable, ni mucho menos. Sus recursos naturales son limitados y hay que manejarlos de manera responsable y sostenible. Todo lo que hemos expuesto en este trabajo es cierto punto por punto y consideramos que quien lo lea entenderá el trabajo que se debe realizar en el capítulo de la conservación de los recursos naturales de la nación y la urgencia que tiene al abordarlo de la manera más inmediata y contundente.

Adolfo López
Lic. En Geografía e Historia, Consultor Ambiental.
Académico de Número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

López Belando, Adolfo 2016. Problemática Ambiental en la República Dominicana, Año 2016. Santo Domingo, República Dominicana. Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Revista Raíces,  n° 4, pp. 49-62.