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ARTÍCULO 5 DE 6
CIUDAD, RURALIDAD, BASURA Y AGUAS SERVIDAS: EL TERRITORIO DE LO QUE LA CIUDAD NO QUIERE VER
IDEAS CENTRALES
Idea central 1: La ciudad no termina en sus avenidas, edificios y urbanizaciones. Depende de territorios rurales, cuencas, suelos agrícolas, zonas de recarga, ríos, cañadas, vertederos, plantas de tratamiento, áreas verdes, costas y periferias ambientales.
Idea central 2: La basura, las aguas servidas, el drenaje pluvial, las industrias contaminantes, los vertederos y las zonas de sacrificio también son formas de ocupación del territorio.
Idea central 3: Una planificación territorial justa debe impedir que las comunidades pobres, rurales y periféricas carguen con los impactos que producen los centros urbanos, turísticos, industriales y económicos.
Cuando se habla de ordenamiento territorial, muchas personas piensan en calles, edificios, permisos de construcción, torres, residenciales, avenidas o zonas urbanas.
Pero la ciudad es mucho más que su parte visible.
La ciudad tiene un metabolismo.
Consume agua, energía, alimentos, suelo, arena, grava, madera, combustibles, materiales de construcción y servicios ambientales.
Y produce basura, aguas servidas, emisiones, ruido, calor, tránsito, contaminación, escorrentías, presión inmobiliaria y desigualdad territorial.
Ese metabolismo no se queda dentro de los límites municipales. La ciudad siempre depende de otros territorios, aunque muchas veces no los vea, no los reconozca o no los respete.
El Distrito Nacional, por ejemplo, es un territorio pequeño, densamente urbanizado y políticamente poderoso. Pero su agua viene de fuera. Sus alimentos vienen de territorios rurales. Sus residuos se trasladan hacia otros lugares. Sus aguas servidas afectan ríos y costas. Su movilidad compromete municipios vecinos. Su expansión se articula con Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Boca Chica, Guerra y otros territorios del Gran Santo Domingo.
Lo mismo ocurre, con sus diferencias, en Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, Higüey, La Romana, San Pedro de Macorís, Baní, Barahona y otras ciudades dominicanas.
Ninguna ciudad vive sola.
Todas dependen de cuencas, campos, montañas, suelos productivos, ríos, carreteras, vertederos, mercados, costas, periferias y comunidades que sostienen su funcionamiento diario.
Por eso, la planificación de una ciudad no puede ser solo urbana.
Debe ser también metropolitana, hidrográfica, ecológica, rural, sanitaria y social.
La planificación territorial no puede reducirse a una técnica reservada para oficinas, especialistas o burócratas. Planificar una ciudad, una cuenca o un municipio es decidir quién respira aire limpio, quién recibe agua segura, quién vive lejos del riesgo, quién carga con la basura, quién soporta las aguas servidas y quién se beneficia del crecimiento urbano.
Por eso, la planificación también es un asunto de poder. Si la población no construye poder social, organización comunitaria, conocimiento territorial y capacidad de vigilancia, otros decidirán por ella: el mercado, la especulación, la improvisación o la presión política.
Ordenar el territorio no es solo dibujar mapas: es disputar quién decide sobre la vida común.
Una ciudad no está bien planificada si embellece avenidas, pero contamina ríos; si levanta torres, pero no trata sus aguas residuales; si recoge basura en los sectores visibles, pero la descarga en comunidades vulnerables; si permite urbanizaciones sin drenaje, sin áreas verdes, sin saneamiento y sin respeto por la capacidad del lugar.
Tampoco está bien planificada si destruye el suelo agrícola que la alimenta, ocupa cañadas, reduce zonas de recarga o convierte el calor urbano en castigo cotidiano para los barrios con menos árboles, menos agua y menos servicios.
La ciudad que no reconoce su dependencia de la ruralidad termina maltratando la base que la sostiene.
La relación entre municipio y ruralidad es uno de los temas más importantes y menos considerado del ordenamiento territorial dominicano.
En teoría, muchos municipios tienen zonas urbanas y rurales. En la práctica, la atención política suele concentrarse en el casco urbano: calles, aceras, comercio, tránsito, mercados, parques, permisos, iluminación, recogida de basura y obras visibles.
La ruralidad queda muchas veces como reserva de suelo barato, patio trasero, zona de extracción, lugar para vertederos, canteras, plantas contaminantes, expansión inmobiliaria, carreteras improvisadas o actividades que la ciudad no quiere cerca.
Eso produce injusticia territorial.
La ciudad recibe agua, alimentos, paisaje, aire, biodiversidad, suelos, sombra, regulación climática y amortiguamiento desde territorios rurales.
Pero muchas veces devuelve contaminación, presión inmobiliaria, residuos, ruido, polvo, aguas servidas, fragmentación ecológica y pérdida de tranquilidad comunitaria.
El campo sostiene a la ciudad, pero la ciudad no siempre protege al campo.
La montaña produce agua, pero la ciudad no siempre defiende la montaña.
La cuenca abastece acueductos, pero la ciudad no siempre cuida la cuenca.
El valle produce comida, pero la ciudad muchas veces lo cubre de cemento.
La cañada conduce el agua, pero la ciudad la tapa, la ocupa o la convierte en cloaca.
La interfaz urbano-rural debe tratarse como una zona estratégica.
Ahí se decide si habrá suelos agrícolas cercanos, riberas protegidas, cañadas restauradas, zonas de recarga conservadas, corredores verdes, ventilación natural, sombra, drenaje, infiltración y expansión urbana segura.
Un municipio ambientalmente responsable debe identificar con claridad:
* los suelos agrícolas que no deben urbanizarse;
* las riberas que no deben ocuparse;
* las cañadas que deben liberarse y restaurarse;
* las zonas de recarga que no deben impermeabilizarse;
* las pendientes que no deben lotificarse;
* los humedales que deben conservarse;
* los bosques protectores que deben mantenerse;
* los territorios de riesgo que no deben venderse como solares;
* y las infraestructuras contaminantes que requieren distancia, control, tratamiento, monitoreo y vigilancia social.
La basura revela con brutalidad la calidad real de la planificación.
No es solo un problema de recogida, camiones o vertederos. Es un problema de consumo, educación, mercado, gobierno local, salud pública, agua, suelo, aire, justicia ambiental y uso del territorio.
Un vertedero mal ubicado puede contaminar acuíferos, emitir gases, generar humo, atraer vectores, degradar el paisaje, afectar la salud, invadir humedales, ocupar llanuras de inundación o colocarse cerca de comunidades que no tienen poder para rechazarlo.
Cuando la basura se quema, el aire se enferma.
Cuando llega a una cañada, la lluvia la arrastra.
Cuando tapa drenajes, la ciudad se inunda.
Cuando llega al río, el río la lleva al mar.
Y cuando llega al mar, afecta playas, manglares, arrecifes, pesca, turismo y vida marina.
Por eso, la gestión de residuos debe ser parte central del ordenamiento territorial.
No basta recoger más. Hay que reducir, separar, reutilizar, reciclar, compostar, educar, ubicar correctamente, controlar lixiviados, cerrar vertederos improvisados, construir soluciones sanitarias reales y evitar que las comunidades pobres sean convertidas en zonas de sacrificio.
Lo mismo ocurre con las aguas servidas.
Una ciudad que no trata sus aguas residuales no ha resuelto su desarrollo. Simplemente exporta enfermedad hacia ríos, cañadas, acuíferos, costas, manglares, playas y comunidades aguas abajo.
El agua que entra limpia a una ciudad no puede salir convertida en veneno.
El saneamiento no puede ser un lujo.
El drenaje pluvial no puede seguir siendo un parche posterior.
Las plantas de tratamiento no pueden ser promesas eternas.
Las cañadas no pueden funcionar como alcantarillas a cielo abierto.
Los ríos urbanos no pueden ser tratados como tuberías de desecho.
En República Dominicana, el Ozama, el Isabela, el Haina, el Yaque del Norte, el Yuna, el Camú, el Nigua, el Nizao, el Soco y muchos otros ríos muestran que la ciudad y la producción económica han usado demasiadas veces los cuerpos de agua como receptores de abandono.
Una ciudad que enferma sus ríos se enferma a sí misma.
También las industrias de alta contaminación deben ser asignadas con criterios rigurosos.
No basta decir que generan empleos. Hay que preguntar dónde se ubican, qué emiten, qué agua consumen, qué descargan, qué población vive cerca, qué vientos dominan, qué acuíferos existen debajo, qué ríos, cañadas, costas o humedales pueden recibir impactos, qué riesgo acumulativo producen, qué institución monitorea, qué información recibe la comunidad y qué sanciones se aplican cuando contaminan.
La contaminación es una forma de ocupación del territorio.
Ocupa el aire que respira una familia.
Ocupa el agua que bebe una comunidad.
Ocupa el suelo donde juegan los niños.
Ocupa el río donde pescaban los vecinos.
Ocupa la costa donde se bañaban los barrios.
Ocupa la memoria de un lugar que antes era habitable.
Y ocupa también el futuro, porque deja daños que muchas veces duran más que el proyecto que los produjo.
La marginalidad urbana tampoco puede separarse del territorio.
Los sectores más pobres suelen ocupar cañadas, riberas, laderas inestables, rellenos, zonas inundables, periferias sin servicios, barrios sin drenaje, áreas contaminadas o terrenos donde el Estado llegó tarde.
Pero esa ubicación no es una simple decisión individual. Es resultado de desigualdad, falta de vivienda digna, especulación del suelo, ausencia de planificación, debilidad institucional y abandono histórico.
Por eso, ordenar el territorio también significa defender justicia social.
No se puede pedir a una familia pobre que “no viva en riesgo” si no existe una política real de vivienda segura.
No se puede desalojar sin solución.
No se puede culpar a la comunidad por vivir donde el mercado y el Estado la empujaron.
No se puede hablar de ciudad moderna mientras miles de familias viven entre aguas negras, humo, basura, cañadas ocupadas, calor extremo y miedo a la próxima lluvia.
La planificación territorial debe sacar estos temas de la marginalidad.
Basura, aguas servidas, drenaje, industrias, vertederos, plantas de tratamiento, cañadas, riberas, barrios vulnerables y zonas de sacrificio no son detalles técnicos.
Son el lado oculto del desarrollo.
Si se planifican mal, enferman a la población y degradan el territorio.
Si se planifican bien, mejoran la salud, reducen desigualdad, protegen el agua y hacen más segura la vida diaria.
Una ciudad decente no es la que esconde su basura.
Es la que reduce, clasifica, trata, ubica correctamente, monitorea y no sacrifica comunidades vulnerables.
Un municipio justo no es el que crece sin parar.
Es el que sabe dónde no crecer, qué proteger, qué restaurar y cómo vincular su zona urbana con la ruralidad que lo sostiene.
Una planificación territorial seria debe decir con claridad:
* donde hay cañada, debe haber cauce libre y restaurado;
* donde hay río, debe haber ribera protegida;
* donde hay barrio vulnerable, debe haber inversión social y seguridad;
* donde hay basura, debe haber gestión integral, no abandono;
* donde hay aguas servidas, debe haber tratamiento;
* donde hay industria contaminante, debe haber control, distancia y monitoreo;
* donde hay ruralidad productiva, debe haber protección del suelo agrícola;
* donde hay ciudad, debe haber saneamiento, drenaje, sombra, movilidad y justicia.
La ciudad no puede seguir viviendo como si el agua llegara sola, como si la comida naciera en los supermercados, como si la basura desapareciera al salir del frente de la casa, como si las aguas servidas se evaporaran, como si los ríos pudieran aguantarlo todo y como si las comunidades pobres estuvieran obligadas a cargar con lo que otros producen.
Ordenar el territorio es mirar también lo que la ciudad no quiere ver.
Porque detrás de cada avenida limpia puede haber una cañada contaminada.
Detrás de cada torre puede haber una zona de recarga impermeabilizada.
Detrás de cada urbanización puede haber un suelo agrícola perdido.
Detrás de cada playa turística puede haber aguas servidas sin tratar.
Detrás de cada vertedero puede haber una comunidad sacrificada.
Y detrás de cada desastre anunciado puede haber una decisión territorial mal tomada.
En el próximo artículo hablaremos de quién decide sobre el territorio: consulta, corrección de errores, áreas protegidas y ciudadanía.
Luis Carvajal
