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¡La asombrosa sentencia que hizo desaparecer 351 kilómetros de Areas Protegidas de un plumazo!

No parece suficiente el asedio que hoy sufren otras áreas: Había que borrar todo un Parque Nacional de la lista. 

La sentencia No. TC/0905/18 del Tribunal Constitucional, que declara «no conforme con la Constitución» el decreto 371-11 que creó el Parque Nacional Manolo Tavarez bajo el erróneo alegato de que más de 40 comunidades estarían en riesgo de perder sus derechos de propiedad, representa un grave desafío al Sistema Nacional de áreas Protegidas y la defensa de la seguridad hídrica en sentido general.

Retirar la protección legal que ampara los nacimientos y cuencas de ríos tan importantes como el Mao, Magia, Cenoví, La Cidra y Guayubin, Varios de los cuales son los principales afluentes de la Presa de Monción que sirve el agua potable y para riego de las provincias de la Línea Noroeste, equivale a poner en jaque la seguridad hídrica y alimentaria de cientos de miles de personas de la región.

La razón de ser del Decreto emitido en junio del 2011 y que crea el Parque Nacional con un área de 351 kilómetros cuadrados, honrando la memoria de Manolo Tavarez Justo, es precisamente  conservar algunos de los bosques mejor cuidados que tiene la isla, por donde discurren las fuentes acuíferas que alimentan y garantizan las producción de agua capaces de generar riquezas y bienestar para gran parte de la población dominicana.

Sin embargo, desde la divulgación misma del Decreto, algunos sectores económicamente influyentes han estado incidiendo atravesando de testaferros para que el mismo fuera derogado por el poder ejecutivo o atacado por la vía constitucional; fueron tan eficientes en sus gestiones que sorprendentemente lograron que este Tribunal acogiera el recurso sin siquiera hacer un descenso en la zona, ni consultar al Ministerio de Medio Ambiente ni otros expertos en el tema. 

Esto así con el propósito de explotar la zona a través de planes de aprovechamiento forestal mediante los cuales se cortarían miles de árboles y para poder avanzar con planes de extracción Minera, cuyas concesiones de exploración fueron emitidas Mediante el permiso ambiental  DCA 0228-03 del año 2012 que autoriza la exploración de oro, plata, zin, cobre y minerales asociados en comunidades de provincias ubicadas en la Cordillera Central, precisamente en la zona núcleo del Parque Nacional.

Desde ese entonces, estos sectores que poseen inmensas cantidades de terrenos (entre los que se ha mencionado un Senador Oficialista de la zona) se han valido de testaferros y de utilizar organizaciones comunitarias como carne de cañon para que estas reclamen ante «un supuesto desalojo masivo» del cual serían objeto pero que nunca ha sido una opción, pero que tampoco nadie puede alegar títulos de propiedad siendo los terrenos propiedad del Estado Dominicano.

Estos planes fueron develados por el Senador Adriano Sánchez Roa en Noviembre 2012 durante una sesión en el Senado de la República y evidenciados en una resolución de Octubre de 2012 la Cámara de Diputados en al que se pide al Presidente de la República el retiro de los permisos de exploración a emitidos a favor de UNIGOLD Dominicana.

Con esta sentencia se eleva la vulnerabilidad del Sistema nacional de Areas Protegidas, de por si golpeados por la extensión agrícola en importantes Parques Nacionales, y se demuestra que estos sectores tan poderosos son capaces de mover hasta las medidas más insospechadas para obtener resultados que beneficien sus intereses. 

Pedimos y reclamamos del presidente Medina la emisión de un nuevo Decreto que elimine las excusas enarboladas para la derogación del anterior, toda vez que este Parque Nacional es sencillamente es una de las zonas del país que más méritos reúne para anhelar su preservación, más aún cuando su nombre honra a un hombre que decidió abonar con sangre los más sagrados intereses de la patria.

Del mismo modo, entendemos que es un deber moral de los legisladores de las 4 provincias afectadas, impulsar y restablecimiento y la delimitación por Ley de esta importante Área Protegida, aun cuando fuere necesario hacer los ajustes que aclaren cualquier duda sobre la sostenibilidad de los asentamientos humanos que alegadamente han sido afectados.

Fundación Acción Verde, Inc.

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