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El Gobierno revocó la medida sobre Bahía de las Águilas que procuraba una negociación con personas que poseen títulos de propiedad obtenidos de manera fraudulenta.
De igual forma, el presidente Danilo Medina ratificó que el Estado es el único propietario de los terrenos, que particulares han tratado de apropiarlos.
En una rueda de prensa, el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, leyó un comunicado en el que deja claro que “la preocupación del Gobierno seguirá siendo lograr sacar de la miseria a los habitantes de las provincias del suroeste, para lo cual es indispensable que pueda darse el uso adecuado a los recursos naturales”.
La decisión de dejar sin efecto el poder especial otorgado al consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, para que negocie con las personas con «derechos registrados», fue antecedida de un amplio rechazo, incluyendo de comunicadores que en esta semana se reunieron con el presidente Medina.
El argumento de los que mantuvieron su oposición al proyecto era principalmente, que negociar con ladrones viciaba de ilegalidad todo lo que se desprendiera de la negociación, además de que era como premiar a quienes pretendían alzarse con un bien estatal.
El documento fue filtrado a través de 7dias.com.do y hasta entonces el Gobierno no había informado sobre ningún aspecto de la negociación, que consistía en la creación de un fideicomiso que procuraría la venta de los terrenos y la repartición de los beneficios en proporciones de 55% para el Estado y 45% para los supuestos propietarios de los terrenos.
El texto íntegro, del comunicado es el siguiente:
Procurando el mejor esquema posible que permitiera rescatar de la pobreza a los hombres y mujeres de nuestro Suroeste, el gobierno dominicano diseñó un plan que permitiera destrabar la larga litis judicial en que se encuentran los terrenos del litoral de la provincia Pedernales. A tal efecto, examinó diversos mecanismos de solución, de los cuales se escogió el más expedito y definitivo que es el acuerdo transaccional que han dado cuenta los medios de comunicación del país.
El indicado acuerdo mostraba la ventaja de obtener una solución rápida y definitiva, que permitiera convertir ese patrimonio en un bien aprovechable, mediante mecanismos jurídicos y financieros de gran transparencia, para promover los planes de desarrollo de dicha región que el gobierno había previamente estudiado y acordado.
Sin embargo, la propuesta de solución levantó críticas en cuanto a su legitimidad de parte de amplios sectores de la opinión pública. Hemos escuchad a personas e instituciones de la sociedad, quienes critican que se realice un acuerdo con personas sobre las cuales pesa la acusación de haber obtenido de forma fraudulenta los títulos que están alegando en justicia.
En consecuencia, y por recomendación de la comisión de funcionarios encargados de viabilizar el referido plan, se ha desestimado el acuerdo anunciado, el cual no se había firmado a la fecha. Aguardaremos entonces, un fallo definitivo de los órganos judiciales correspondientes a cuyo cargo están las litis que afectan a los terrenos aludidos.
El Poder Ejecutivo confía en que las jurisdicciones apoderadas de la litis realicen todos los esfuerzos para la agilización y terminación de los procesos y conclusión de los mismos. Así mismo, reclaman del Procurador General de la República y la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional que asuman la responsabilidad de defender el interés del Estado en este caso. Nadie acepta que tras 16 años de iniciado este litigio no se han producido sentencias definitivas que lo resuelvan.
El Gobierno reconoce el esfuerzo, dedicación y compromiso de los funcionarios que fueron comisionados para procurar la solución que había adelantado, quienes actuaron por mandato expreso del presidente de la República.
Reiteramos ante el país, que el Estado es el propietario legítimo de los terrenos en cuestión, por lo que seguiremos explorando alternativas que nos permitan implementar el proyecto de desarrollo económico y social de toda la zona, para sacar de la miseria y el abandono a cientos de miles de ciudadanos de la Zona Enriquillo.
Nuestra preocupación seguirá siendo lograr sacar de la miseria a los habitantes de las provincias del Suroeste, para lo cual es indispensable que pueda darse el uso adecuado a los recursos naturales que hacen de Pedernales un polo turístico de magníficas potencialidades.
