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Los operativos ambientales son necesarios. El reto es lograr que sus resultados duren y que quienes cuidan el territorio tengan la formación, los equipos y el apoyo para evitar que el problema vuelva.
Los operativos ambientales son necesarios. Cuando se detecta una ocupación dentro de un área protegida, extracción ilegal de agregados, tala, conuquismo, pesca prohibida o cualquier otra actividad que amenaza nuestros recursos naturales, el Estado tiene que intervenir.
Detener la actividad, decomisar equipos, recuperar terrenos y aplicar la ley forma parte de la responsabilidad de las autoridades. También merece reconocimiento el trabajo de quienes se desplazan a lugares difíciles y, muchas veces, se exponen a situaciones complejas para proteger el patrimonio natural del país.
Esta reflexión parte de ese reconocimiento. No busca cuestionar los operativos ni el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) o de las demás instituciones que participan. La pregunta es más sencilla: ¿qué pasa después y cómo hacemos para que el problema no vuelva a crecer?
Entre enero y julio de 2026, el SENPA reportó 36,512 operaciones de vigilancia ambiental, 7,685 personas detenidas y 2,332 vehículos retenidos. Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se realizaron 1,962 operativos. Son cifras que muestran presencia y capacidad de respuesta. Pero también conviene acompañarlas con otra medición: cuánto del resultado logrado se mantiene con el paso del tiempo.
Un operativo puede cumplir muy bien su objetivo inmediato. Puede detener una actividad ilegal, desmontar una estructura, incautar un equipo o recuperar un terreno. Eso es importante. Sin embargo, para saber si el problema fue realmente controlado también hay que volver a mirar ese lugar seis meses, un año o dos años después.
El Parque Nacional Los Haitises ayuda a entender esta diferencia. En los últimos años se han reforzado los controles y la vigilancia. En 2024 se informó de una estrategia conjunta entre Medio Ambiente y Defensa para fortalecer la protección del Parque Nacional Los Haitises y del Parque Nacional Sierra de Bahoruco. En junio de 2025, además, se inauguraron nuevos centros de vigilancia para Los Haitises y el Parque Nacional Manglares del Bajo Yuna.
Eso demuestra que sí ha habido seguimiento y esfuerzos para mantener presencia en el territorio. Aun así, las autoridades han tenido que volver a intervenir. En julio de 2025, por ejemplo, el SENPA informó la detención de 44 personas, la incautación de 13 motocicletas y una motosierra, y el desmantelamiento de casuchas y conucos dentro del Parque Nacional Los Haitises.
Estos hechos no significan que los operativos anteriores hayan sido inútiles. Tampoco prueban que no exista vigilancia. Lo que muestran es que algunas presiones regresan y que, por eso, no basta con saber cuántas veces actuamos. También necesitamos saber cuánto logró cambiar la situación después de cada intervención.
A comienzos de agosto de 2026, el operativo interinstitucional Compromiso Ambiental 2.0 informó la recuperación de 775 tareas dentro de áreas protegidas, además del desmantelamiento de casuchas, alambradas y conucos. Es un resultado importante. Pero esas mismas 775 tareas pueden servir ahora para hacer una medición todavía más útil.
Podemos volver a esas zonas dentro de seis meses, doce meses y veinticuatro meses. ¿Cuántas tareas siguen protegidas? ¿Dónde volvió la ocupación o la actividad ilegal? ¿Dónde no fue necesario regresar? ¿Qué se hizo diferente en los lugares donde el resultado se mantuvo? Esa información ayudaría a repetir lo que funciona y corregir lo que no.
Las estadísticas son necesarias, pero los operativos no pueden quedar solamente como una cifra de gestión. Saber que se realizaron cien intervenciones muestra trabajo y esfuerzo. Saber que, después de esas cien intervenciones, cada vez menos lugares necesitaron un segundo operativo nos dice algo más: que la presión ambiental está bajando.
Dicho de manera sencilla: una buena estadística es saber cuántos operativos se hicieron. Una estadística todavía mejor es saber cuántos no tuvieron que repetirse en el mismo lugar por la misma causa.
En ese trabajo, los guardaparques son una pieza esencial. Son quienes permanecen en el territorio cuando termina el gran operativo. Conocen los accesos, las comunidades cercanas y los cambios que pueden advertir que un problema está comenzando otra vez.
El país ha dado pasos positivos para fortalecerlos. En agosto de 2025 se certificaron 44 guardaparques en Jarabacoa después de 180 horas de formación. Ese mismo mes, INFOTEP graduó otros 44 nuevos guardaparques en Puerto Plata. En junio de 2026, el Ministerio certificó en Pedernales a 80 guardaparques y bomberos forestales. También el proyecto PARGIRH reportó la capacitación de 160 guardaparques a nivel nacional.
Esa debe ser la línea: seguir formando y profesionalizando a quienes cuidan nuestras áreas protegidas. Pero la capacitación necesita ir acompañada de los medios para trabajar. Un guardaparque puede conocer muy bien cómo usar un mapa o detectar un incendio, pero también necesita equipos, movilidad y comunicación para poder responder.
Por eso, junto con la formación, hacen falta herramientas de campo, radios, GPS, vehículos o motocicletas según el lugar, combustible, equipos de protección, puestos de vigilancia adecuados, tecnología y personal suficiente. También hace falta mantenimiento. Entregar un equipo es importante; garantizar que siga funcionando meses después lo es todavía más.
Hay experiencias recientes que van en esa dirección. El proyecto PARGIRH acompañó parte de la capacitación con uniformes, herramientas y equipos para mejorar las condiciones de trabajo. En marzo de 2026, durante la intervención del río Haina, se anunciaron puestos fijos, patrullajes y vigilancia en puntos vulnerables, y días después se entregaron 20 motocicletas al SENPA para reforzar esos recorridos.
Ese es el puente que necesitamos entre el operativo y la prevención. El gran operativo recupera o controla el lugar. Luego deben quedar personas capacitadas, con herramientas y apoyo, capaces de detectar una nueva ocupación o actividad ilegal cuando apenas comienza, no cuando ya se ha convertido otra vez en un problema grande.
Tampoco todo se resuelve con más vigilancia. Detrás de algunas infracciones existen beneficios económicos, necesidades sociales, falta de alternativas, problemas de ordenamiento o sanciones que no logran evitar que la conducta se repita. Por eso, según cada caso, la respuesta puede necesitar educación, trabajo con las comunidades, restauración, alternativas productivas, mejor coordinación institucional y consecuencias legales efectivas.
También sería útil que los informes públicos mostraran, junto con los resultados del operativo, qué ocurrió después. No hace falta complicarlo: porcentaje del terreno que sigue protegido, lugares donde reapareció el problema, tiempo que tomó responder a una nueva alerta y cantidad de sitios donde no fue necesario volver por la misma causa.
La idea no es hacer menos porque sí. República Dominicana necesita al SENPA, necesita guardaparques y seguirá necesitando operativos cuando exista una amenaza que lo requiera. El objetivo debe ser que todo ese esfuerzo consiga resultados que duren.
Una hectárea recuperada hoy y nuevamente ocupada seis meses después cuenta una historia. Una hectárea recuperada hoy y todavía protegida varios años después cuenta otra muy diferente. Las dos comenzaron con un operativo. La diferencia estuvo en lo que pasó después.
El operativo detiene el daño que ya comenzó. La capacitación fortalece a quienes protegen el territorio. Los equipos y recursos les permiten hacer su trabajo. El seguimiento ayuda a detectar cuando el problema intenta regresar. Y una buena medición nos dice si realmente conseguimos evitarlo.
Quizás uno de los mejores indicadores futuros de nuestra protección ambiental sea, además de cuántos operativos pudimos realizar, cuántos dejamos de tener que repetir en el mismo lugar por la misma causa. Esa sería una estadística que no solo mostraría cuánto trabajamos, sino cuánto logramos proteger.
Fuentes para edición
- Diario Libre. “Detenciones por delitos ambientales superan las 7,600 entre enero y julio”, 7 de agosto de 2026. Consultar fuente
- Diario Libre. “Reforzarán con militares vigilancia en áreas protegidas”, 5 de enero de 2024. Consultar fuente
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Ministro de Medio Ambiente inaugura cinco nuevos centros de vigilancia para proteger Los Haitises y Manglares del Bajo Yuna”, 6 de junio de 2025. Consultar fuente
- Diario Libre. “Detienen 44 haitianos y desmantelan conucos por daños ambientales en el Parque Nacional Los Haitises”, 8 de julio de 2025. Consultar fuente
- Listín Diario. “Ejecutan operativo interinstitucional ‘Compromiso Ambiental 2.0’”, 6 de agosto de 2026. Consultar fuente
- Presidencia de la República Dominicana. “Medio Ambiente certifica a 44 guardaparques en manejo ambiental y áreas protegidas en Jarabacoa”, 14 de agosto de 2025. Consultar fuente
- INFOTEP. “INFOTEP gradúa 44 nuevos guardaparques en Puerto Plata”, 22 de agosto de 2025. Consultar fuente
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Ministerio de Medio Ambiente gradúa 319 líderes ambientales comunitarios y certifica 80 guardaparques en Pedernales”, 22 de junio de 2026. Consultar fuente
- INDRHI. “Guardaparques reciben certificación por capacitación especializada en el marco del proyecto PARGIRH”, 27 de marzo de 2026. Consultar fuente
- Diario Libre. “Autoridades intervienen tramo del río Haina”, 17 de marzo de 2026. Consultar fuente
- Diario Libre. “Medio Ambiente entrega 20 motocicletas al SENPA para reforzar vigilancia en río Haina”, 20 de marzo de 2026. Consultar fuente
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), nomenclatura oficial. Consultar fuente
