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Bahía de las Aguilas: no es la justicia. Impunidad y fraude

Para los dominicanos y dominicanas, que tuvieron oportunidad de ver, cuando el pasado día 14 de febrero del año en curso, 2013, el mensaje que fue ofrecido por los Ministros: de Medio Ambiente, y de Turismo, junto al Consultor Jurídico, cayó como balde de agua fría, destemplada, desconcertante y frustrante.

Me imagino que los restos de Duarte, Sánchez y Mella, en plena fiesta de la dominicanidad y la Patria; los de Luperón, Manolo, las Hermanas Mirabal; y  los de luchadores idos a destiempos como la Dra. Picky Lora y el defensor ambientalista, Oscar Cañizares; debieron haberse retumbado y removido donde quiera que estuvieran y sus almas quedarse inquietas, luego del anuncio del gobierno de negociar con los “supuestos propietarios” del latrocinio de Bahía de las Aguilas.

Desde que tengo uso de razón recuerdo escuchar de mi padre, Ramón Antonio Veras, el principio jurídico siguiente: “el fraude lo corrompe todo”; por vía de consecuencia todo lo que del mismo salga, está viciado y no genera derechos, ni acciones, por parte de quienes han actuado bajo ese amparo.

Esto sucedió con el conflictivo tema de Bahía de las Aguilas, porque desde que ese caso que está cursando los tribunales desde el año 1995, si mi memoria no me falla, desde que al ex director del IAD, Jaime Rodríguez Guzmán, cuando el último gobierno del Dr. Balaguer, se le ocurriera la idea “brillante” para sus fines, de crear “asentamientos agrícolas” para supuestos parceleros de esa zona y así comenzar a crear los títulos de lugar. De todo esto se crea una litis por algo que nació de forma irregular, del Estado Dominicano contra falsos propietarios de los que reclamaban o intentaban quedarse con las tierras del Estado.

No entiendo la necesidad por parte del Gobierno que al hacer el anuncio en la rueda de prensa mencionada más arriba, de indicar que otorgaba poder al Consultor Jurídico, para que llegara a un acuerdo con los “supuestos propietarios” en el caso de Bahía de las Aguilas; bajo el argumento que el caso o expediente tenía muchos años en los tribunales y que se había, la justicia, tardado para resolver el asunto.  Pienso que endilgarle la culpa a uno de los Poderes del Estado, no es correcto.  Porque son otras las instituciones o funcionarios pasados los que no han cumplido con su labor y responsabilidad, tanto así que la mayor parte de las audiencias han sido reenviadas por la falta de presencia de los representantes del Estado a través de los años.

No escapa a mi inteligencia los intereses y los valores que poseen la tierras de la que estoy hablando, y puede suponerse la respuesta del por qué se ha hecho tanto o se ha dejado de hacer para preservar y defender los derechos del Estado en este caso de Bahía de las Aguilas.  Y también podría pensarse de forma práctica y no legal, que se busca sacarle provecho a unas tierras desde el punto de vista turístico o para su venta y no tenerlas sin ocupación ni provecho.  Sin embargo, estos tiempos, el pueblo dominicano está necesitando ejemplos que persigan a la ética y el respecto al orden establecido.

Esta acción anunciada el pasado 14 de febrero por el Gobierno, es preocupante y desalentadora.  Pienso que el actual Presidente Medina, que me luce un hombre sensato, sensible, con buenos deseos y voluntad, con un gobierno que hasta ahora, y muy a pesar de todos las cosas que se han dado luego de la imposición de la famosa Reforma Fiscal; aún así, su gobierno ha sabido mantener un alto porcentaje de acogida en las directrices que ha conllevado hasta ahora.   Por lo que resulta desde ese punto de vista político, más incomprensible la decisión adoptada frente al caso Bahía de las Aguilas.

Como dije al inicio, todo lo que sale del fraude, es hijo o hija de la corrupción e impunidad, y no produce derechos.  Hasta para negociar con posibles inversionistas resultaría cuesta arriba.  Por lo que prohijar o darle cabida a una transacción o acuerdo con  ocupantes o propietarios ilegales en este caso que se menciona, no se corresponde con lo que una gran parte de la población hubiese esperado del actual gobierno, independientemente de que fuera o no simpatizante del mismo.

Creo que estando el caso en los tribunales, mal ha hecho el representante del Poder Ejecutivo, como Poder, en tratar de resolver un asunto que estaba pendiente de decisiones y de resoluciones en ese sentido y no querer imponerle al Poder Judicial, que como dije, no fue el culpable de lo que ha sucedido o el retardo mismo de dicho proceso, una decisión ejecutiva, basada en un acuerdo con  la ilegalidad, la falta de institucionalidad y la desvergüenza.

Se les ha dado una puñalada a los que creemos en las instituciones.  A los que creemos aún en lo que es el orden legal y los procedimientos. A los que creemos en la decencia y el respeto.  A lo que confiamos en el estamento judicial.

Incluso, luego de la famosa rueda de prensa dada en Palacio, la misma no fue aclaratoria, todo lo contrario,  dejo mayores incongruencias y dudas de las que había previas a la misma.  Es peor aún, resulta, que el gobierno quiera utilizar medios de comunicación ligados a su entorno, para que puedan “explicar” este desfase.

No fue una decisión atinada por parte del Poder Ejecutivo, para irse por encima de las funciones de otro poder, de negociar con quienes no tienen derecho porque todo nació basado en un fraude.  No ha sido la justicia la culpable, sino quienes desde años no cumplieron su responsabilidad.  No tenía el actual gobierno que asumir todos esos lastres para sí, porque no tenía necesidad de ello.

Lleva un mal mensaje a quienes tienen en la justicia su árbitro para decidir por sus decisiones, los conflictos que tienen y más cuando se trata de tierras, donde la credibilidad es el principal elemento.  Se le está diciendo al pueblo dominicano con esta decisión, de que la justicia no es confiable, cuando no es cierto, pero han utilizado esa tesis para buscarle una salida de una forma inadecuada y peligrosa.

No podemos relajar las instituciones tomando como fundamento y aprovechando la miseria y la ignorancia de los que residen en la zona. Nada que tenga como fundamento el fraude y lo irregular, debe tener el aval de un gobierno ni de un poder, sea cual sea el mismo.

Utilizar como excusa que la justicia es la culpable del asunto de Bahía de las Aguilas, no es el mejor mensaje y mucho menos la salida de pactar en algo que tiene su fundamento en el fraude. Pienso que no debía el gobierno haber adoptado tal accionar.

Por Jordi Veras

Vía: La Información

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