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Por: Solange de la Cruz Matos
Una gran expectación ha generado el Fondo Verde para el Clima, cuya creación fue uno de los acuerdos de la XVI Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en diciembre pasado en Cancún, México.
Ese nuevo esquema de financiación está supuesto a entrar al escenario de la lucha contra el cambio climático tras ser aprobado por la COP17, prevista a desarrollarse en Durban, Sudáfrica, a partir de noviembre próximo.
Recientemente se realizó en Tokio, Japón, la segunda reunión del Comité de Transición (CT) del Fondo Verde, cuyos países miembros trabajan con miras a proponer un diseño efi caz para su aprobación durante la referida cumbre.
Previo a la COP17 se realizarán otras dos reuniones del CT. La tercera se llevará a cabo en septiembre próximo en Ginebra, Suiza, y la cuarta, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en octubre.
La secretaria ejecutiva de la CMNUCC, Christiana Figueres, en su evaluación semestral de los acuerdos de la COP16 ha asegurado que su cumplimiento “está progresando con pasos seguros, lo cual es alentador”. Sobre la reunión de Tokio dijo que el CT debatió cómo “transformar la ayuda financiera internacional para la lucha contra el cambio climático a países en desarrollo, de manera que se acelere la transición hacia economías de bajas emisiones y capaces de recuperarse de los efectos del clima”.
La primera reunión del Comité se efectuó en Ciudad México a finales de abril, donde quedó conformado por 40 países, 25 de ellos en desarrollo, con la tarea inmediata de diseñar los mecanismos de operación del nuevo esquema financiero.
Tras la integración del CT, Figueres expresó su convencimiento de que un Fondo Verde para el Clima bien diseñado ayudará a que los gobiernos, la industria y los inversionistas reconozcan que un futuro con bajas emisiones de carbono en un mundo resistente al cambio climático no sólo es necesario sino también sostenible y rentable.
El Fondo Verde para el Clima podría movilizar US$100 mil millones al año para el 2020, combinando aportaciones públicas y privadas. El Banco Mundial fue propuesto durante la COP16 para servir como administrador provisional de los recursos.
La sesión de Tokio
La presidencia tripartita del Comité de Transición del Fondo Verde, integrada por México, Sudáfrica y Noruega, encabezó la jornada de Tokio, en la que Japón hizo hincapié en que los recursos financieros para este nuevo esquema deben ser adicionales a los que entregan las economías ricas a los países en desarrollo a fin de mitigar los efectos del cambio climático. Se estima que países como Alemania, Japón y Estados Unidos destinan hoy en día unos US$12,000 millones a esos fi nes.
La jornada sirvió de marco para que un conjunto de países presentara un documento conteniendo sus opiniones sobre los elementos operativos del Fondo Verde, y en el que se coincidió con Japón en torno a que el Fondo reciba recursos adicionales a las aportaciones actuales.
Egipto, Argentina, Burkina Faso, China, República Democrática del Congo, Egipto, El Salvador, Gabón, India, Marruecos, Nicaragua, Filipinas, Arabia y Zambia elaboraron la propuesta, que fue acogida por Brasil, Pakistán, Singapur y Perú.
El documento servirá de insumo para la preparación de los documentos que se irán discutiendo en las reuniones previas a la COP17.
La propuesta
En el documento, en cuanto a los objetivos del Fondo, los países proponentes exponen que “contribuirá a la aplicación plena, efectiva y sostenida de la CMNUCC, en relación con la aplicación de los compromisos para el suministro de recursos fi nancieros a los países (Partes) en desarrollo, conforme a lo dispuesto en las disposiciones pertinentes de la Convención”.
Plantean que “el Fondo se encargará de la gran escala de recursos fi nancieros de una serie de fuentes y entregar a través de una variedad de instrumentos fi nancieros, las ventanillas de fi nanciación y las modalidades de acceso, incluyendo el acceso directo, con el objetivo de proporcionar recursos fi nancieros adecuados y predecibles para los países en desarrollo para la implementación de las medidas de política del cambio climático, relacionados con actividades y acciones, y lograr una distribución equilibrada entre la adaptación y mitigación” En cuanto a los principios para guiar al Fondo exponen que funcionará bajo la autoridad y la dirección de la Conferencia de las Partes; que la Junta Directiva del Fondo tendrá una representación equitativa y equilibrada geográfi camente de todas las Partes dentro de un sistema transparente y efi ciente de la gobernanza, y que el Fondo permitirá el acceso directo a la fi nanciación por los países receptores.
En relación con el aspecto legal, refieren que “tendrá la capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y la protección de sus intereses, en particular la capacidad para contratar, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y entablar acciones judiciales en defensa de sus intereses”.
Se indica que en materia de gobernanza, se regirá por un Consejo encargado de su supervisión y administración, bajo la autoridad y orientación de la Conferencia de las Partes, ante cuyo organismo presentará informes anuales para su examen y deliberación, en diversos aspectos operativos.
Sus alcances
Sugieren que el Fondo adapte su estrategia a las necesidades y las circunstancias de cada país, por lo que se requiere un enfoque impulsado y con la plena participación de los países interesados.
LAS SUBVENCIONES PARA EL FONDO VERDE
La propuesta presentada en la reunión de Tokio por un conjunto de países en desarrollo, también aborda las fuentes de financiación: “Las contribuciones financieras deben ser principalmente en forma de subvenciones”.
Sobre el grado de finanza concesionada y proporcionada, refiere que sólo será contada la subvención o el elemento concesionario nuevo y adicional: “De conformidad con el artículo 4.3 y las decisiones pertinentes de la COP, la provisión de recursos financieros reflejarán adecuadamente la carga entre las Partes que son países desarrollados. El Fondo deberá desarrollar un método más sistemático para evaluar y adjudicar la responsabilidad entre los países desarrollados encargados de proporcionar recursos financieros suficientes y previsibles, nuevos y adicionales”.
Precisa que en el método para evaluar el nivel de los recursos financieros necesarios para aplicar la Convención, se debe incluir la consideración de la escala del financiamiento requerido en conjunto para reflejar la escala total de la financiación necesaria para la aplicación de la Convención.
Vía: Listín Diario
