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Alguien ordenó a Medio Ambiente frenar aserraderos

Ing. Osiris de León
Ing. Osiris de León

El pasado lunes, en esta columna semanal, nos quejamos de los mil aserraderos, disfrazados de “planes de manejo forestal”, que han sido autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en franca violación a la Ley Ambiental 64-00, en franco desafío a la sociedad dominicana, y en franca conspiración política contra la popularidad del Presidente de la República, pues es bien sabido el rechazo colectivo que genera la depredación forestal que, en medio de la más larga sequía, amenaza con dejarnos sin agua, y es bien conocido que dentro del actual Gabinete Gubernamental hay funcionarios comprometidos públicamente con la corriente política que internamente confronta a Danilo Medina, y en tal virtud apuestan a que muchas cosas se hagan deliberadamente mal, como es el caso del mal manejo forestal actual, y como fue el mal manejo del caso loma de Miranda, pues con Miranda muchos leonelistas apostaron a quemar políticamente a los danilistas, y si usted nunca se enteró del complot, ya está enterado, porque en Miranda quisieron cobrarle el anterior caso Barrick.

Horas después de salir a circular el periódico elCaribe del pasado lunes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, convocó de urgencia a una Rueda de Prensa para admitir que ciertamente han autorizado más de 900 planes de manejo forestal, pero justificándolos y validándolos con el torpe argumento de que “la política de aprovechamiento de madera, a través de los más de 900 planes de manejo que se llevan a cabo en la República Dominicana se hacen conforme a las normas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que procura buscar soluciones pragmáticas a los principales desafíos ambientales y de desarrollo que enfrenta el planeta”, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente quiso argumentar que el actual Gobierno autoriza depredar los bosques para aprovechar la madera y dejar al país sin ríos y sin agua, y en una sociedad sensible al aspecto ambiental, esa es la peor campaña política oficial.

Pero al parecer, quienes desde el Palacio Nacional leen todo lo que se escribe en la prensa local, y escuchan todo lo que se dice en las Ruedas de Prensa, sobre todo cuando la Rueda de Prensa tiene carácter oficial y compromete la imagen y popularidad del Gobierno, no se durmieron, y todo indica que bajaron orden sellada de que esa deforestación debía ser inmediatamente frenada, y apenas horas después el Ministro de Medio Ambiente firmaba una Resolución Interna donde ordenaba detener las operaciones de todos los planes de manejo forestal mientras dure la sequía, disposición que añadió la suspensión de los programas de canalización de ríos para sacar y vender agregados, pues quienes hoy están sacando agregados de los cauces de los ríos lo hacen al amparo de autorizaciones emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente, en violación a la Ley 123-71.

Sólo una orden superior podía provocar que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales cambiara diametralmente de opinión en pocas horas, y que pasara de una torpe justificación a los aserraderos, en la tarde del pasado lunes, a una sensata detención momentánea de todos los aserraderos, en la mañana del pasado martes, y en la calle la gente cree saber quién ordenó que el Ministerio de Medio Ambiente diera rápida marcha atrás a su justificación del lunes, y que el martes siguiente emitiera una Resolución con una disposición contraria al argumento del día anterior, lo que evidencia admitir implícitamente, y públicamente, su grave equivocación, política y ambiental, en su justificación a la depredación forestal, y si usted despeja todas las variables de la ecuación planteada en el Palacio Nacional, sustituyendo las variables ya conocidas, y luego igualando a cero, sabrá quién ordenó frenar esa obscenidad, que, en materia forestal, habla muy mal de la autoridad ambiental.

El comercio maderero, sustentado en la depredación forestal en forma de aserraderos, no puede volver a imponerse en el territorio nacional, como se impuso entre 1930 y 1965, y sin importar los nombres glamorosos que a los nuevos aserraderos les podamos inventar, porque ese lucrativo comercio atenta contra el bosque dominicano, atenta contra los ríos dominicanos, atenta contra las aguas de las presentes y futuras generaciones dominicanas, y atenta contra la estabilidad política nacional, porque cuando la gente se esté muriendo de sed, nadie les va a parar.

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