Independencia en la vigilancia ambiental: el verdadero reto del Observatorio

Ciertamente que el planteamiento de Paíno Abreu Collado en su artículo titulado ”El ambientalismo no puede vigilar al Gobierno desde el Palacio”  merece atención. No por estridencia, sino por lo que toca: la independencia. Que es en esencia el punto más sensible. El que define si un instrumento de vigilancia nace con fuerza o con dudas.

Ahora bien, empezamos por diferir en cuanto a que no todo vínculo con el Estado anula la autonomía. La debilita cuando no hay reglas claras. La podría comprometer cuando no hay transparencia. Pero también puede convertirse en una oportunidad si se establecen límites firmes desde el inicio. Y ahí, ciertamente, es que está la diferencia.

El Observatorio no fue concebido como un sustituto de la crítica. Ni como una oficina más. Su razón de ser es otra: promover  la vigilancia, darle continuidad, convertir la denuncia dispersa en evidencia sistemática (en una especie de linea de base para la toma de decisiones). Pasar de la habitual “reacción tardía” a la observación permanente.

El propio Decreto 105-26 lo plantea en términos tácitos. En su artículo 2, establece que el Observatorio tiene por objeto “dar seguimiento, monitoreo y evaluación a las políticas públicas ambientales, en especial las vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. No habla de validar.  Habla de observar y evaluar.

Y en su artículo 3, al definir sus funciones, incluye elementos que, bien ejercidos, obligan a una práctica incómoda: “emitir informes periódicos”, “formular recomendaciones” y “promover la transparencia y el acceso a la información ambiental”. Es decir, producir contenido público. Entonces hay que dejar rastro. Exponerse.

Ahí está una de las claves: a menudo, lo que no se publica, es como si no existiera, pero cuando  se publica, se informa, quedan dos caminos a los que objetan o exponen:  se defiende o se cuestiona.

Sí, parecería que hay una tensión evidente en el diseño. El Ministerio de Medio Ambiente tiene presencia. Y los recursos iniciales provienen de ese mismo entorno institucional. Eso no se puede maquillar. Pero tampoco se puede simplificar.
La pregunta correcta no puede ser  “¿quién se sienta en la mesa? Sino, ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer desde esa posición?

Si el Observatorio puede emitir informes sin aprobación previa, si puede señalar incumplimientos, si puede incomodar decisiones, entonces hay margen real de independencia. Si no ocurriese así, entonces, la crítica que hace Paíno, entonces se vuelve válida.

En cuanto a la  participación de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esta  no debería leerse como una debilidad en sí misma. Son espacios que han construido su voz precisamente en la intersección entre conocimiento y política pública.

Estemos claros (plagiar a Cuchito Carvajal ya se me ha hecho costumbre): “El riesgo no está en que participen. El riesgo está en que dejen de actuar como lo que son”.
Y a propósito, en el caso de Luis Carvajal, la inquietud es comprensible. Una trayectoria firme no necesita validación institucional. Pero tampoco debe rehuir los espacios donde se decide. La condición y naturaleza de Cuchito siempre ha sido  una sola: no ceder la voz. Pero jamás suavizar lo que deba decirse.

Hay un punto de fondo que no puede ignorarse: el financiamiento. Hoy, muchas organizaciones ambientales operan con recursos mínimos; hay compromiso y capacidad, pero no siempre hay estructura para sostener procesos en el tiempo. Por eso, encaminar el Observatorio hacia una figura de Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL), bajo el marco de la Ley 122-05, no es un formalismo ni oportunismo, es una decisión estratégica que le permitiría acceder no solo a fondos públicos, sino también a cooperación internacional, donaciones y alianzas con organismos que trabajan en gobernanza ambiental, ampliando así las fuentes y reduciendo la dependencia de una sola vía.

Ese financiamiento mixto, bien gestionado, no debilita la independencia, por el contrario: Obliga a rendir cuentas, diversifica apoyos y crea condiciones para sostener equipos técnicos y producir información de manera continua. Sin una base financiera mínima, la vigilancia es intermitente; con ella, puede ser constante, rigurosa y visible. El Observatorio no sustituye al movimiento ambiental, pero puede darle soporte real: continuidad, capacidad operativa y mayor incidencia, que es precisamente lo que hoy, con los recursos disponibles, muchas veces no es posible alcanzar.

Pero bien,  es sano además poner las cosas en su lugar: La veeduría no es auditoría, su rol más útil puede ser que observa, documenta, alerta… pero también como insumos para potencial auditoría, entonces prueba, sanciona, ejecuta.

El Observatorio no sustituye a los órganos de control. No puede hacerlo, ni es la intención ni hay forma legal para que lo sea. Su valor está en otra parte: en generar presión informada, en construir memoria, en evitar que los temas desaparezcan del radar público.

¿Puede convertirse en una estructura burocrática más? Sí, puede.
 ¿Puede diluir la crítica? También.

Pero eso no está escrito en el decreto. Está en la práctica. Si luego de un tiempo prudente,  “El verbo, no se convierte en carne”.

Si se convierte en un espacio que produce informes irrelevantes, que evita temas sensibles, que administra silencios, entonces no habrá que criticarlo: se caerá solo. Si, por el contrario, logra sostener una línea técnica, pública y coherente, puede aportar donde hoy hay vacíos (y en ese desafío es que retamos a veteranos como Paíno a que nos ayude en los proprósitos de que así sea, al igual como funciona en otros países..

Estamos plenamente conscientes de que “el que funcione o falle  no es un acto de fe”, sino un proceso más de construcción de los tantos que la mayoría de nosotros hemos enarbolado por años (algunos poniendolo en práctica, otros quedándose en la teoría pasiva, sin aportar más que “el todo me hiede y nada me huele”.

En fin, desde el inicio de esta discusión (en la mesa del diálogo convocada por el CES)  hay condiciones mínimas que no admiten negociación: publicación íntegra de informes, trazabilidad de datos, diversidad de fuentes de financiamiento en el tiempo, y una cultura interna que entienda que observar no es agradar.

Estamos convencidos que, al final, la independencia no se declara: hay que ejercerla con la responsabilidad que demanda las circunstancias.  Y en materia ambiental, donde los intereses son fuertes y las decisiones pesan, esa independencia no es un lujo…es la única garantía de que la vigilancia tenga sentido.

Nelson Bautista.-