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Pacto político para protección de Valle Nuevo

Cuando en el año 1961, en medio del apogeo de los aserraderos que talaban nuestros bosques para convertirlos en madera para construcción y exportación, y en leña y carbón vegetal para cocción de nuestros alimentos, la autoridad, empeñada en proteger el agua del futuro de nuestra sociedad, declaró el altiplano de Valle Nuevo como vedado, a los fines de que aquella zona productora del agua que alimenta a las cabeceras de los ríos Nizao, Ocoa, Las Cuevas, Grande y Blanco, no fuese tocada por aserraderos, y quedase reservada, única y exclusivamente, para mantener un denso bosque nublado capaz de atrapar la neblina del atardecer y del amanecer para condensarla y convertirla en agua líquida que escurre suavemente hasta los poros secundarios de las rocas volcánicas allí presentes.

En el año 1983 la zona de Valle Nuevo fue categorizada como Reserva Científica, pero como 10 años más tarde la gente seguía ocupándola, en mayo de 1993 el presidente Joaquín Balaguer le ordenó al entonces Director General Forestal Miguel Francisco Amaro Guzmán: “Quiero que haga el desalojo de todas las viviendas construidas en la reserva de Valle Nuevo. Hay muchos poderosos, desaloje sin excepción alguna, utilice el batallón de militares de Constanza”, a lo que Amaro Guzmán respondió: “Despreocúpese, Presidente, confíe en mí”. Y de esa forma fueron desalojadas 391 familias en las localidades de Montellano, El Convento, El Castillo y la Siberia, desalojo que fue formalizado en julio del año 1996 cuando el presidente Joaquín Balaguer firmó el Decreto 233-96 que ampliaba el sistema nacional de áreas protegidas, y categorizaba a Valle Nuevo como parque nacional.

Pero, aunque el texto completo del Decreto 233-96 fue incluido como un transitorio dentro de la Ley Ambiental 64-00, promulgada el 18 de agosto de 2000, y posteriormente incluido dentro de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, la gente volvió a ocupar a Valle Nuevo con la excusa de que habían sido desalojados injustamente, pues es normal que cuando un gobierno saca a la gente de un determinado por lugar, ya sea por ocupar un área de alto riesgo donde los asentamientos humanos se tornan vulnerables frente a las fuerzas de la naturaleza, o ya sea por ocupar un parque nacional, la gente desalojada espera a que llegue un nuevo gobierno para pedir derogar la medida que ordenaba el desalojo, y de esa manera se mantiene creciendo un problema social y ambiental que termina afectando el presente y el futuro de importantes recursos naturales.

Es por ello que debemos aprovechar las condiciones actuales que han sido creadas por la Resolución 14-2016 que ordena el desalojo de toda la agricultura de Valle Nuevo, y salir del proceso cíclico donde los agricultores hoy son desalojados por un gobierno y mañana son reasentados por otro gobierno diferente, y del mismo modo en que el liderazgo político dominicano se puso de acuerdo para destinar el 4% del PIB para la educación, y ese acuerdo ha sido respetado por el gobierno y aceptado por la oposición, en el caso de Valle Nuevo debemos ponernos todos de acuerdo para que la zona sea dedicada única y exclusivamente para reforestación y densificación del bosque nublado.

Las aguas de Valle Nuevo no deben ser contaminadas con plaguicidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes químicos nitrogenados que diariamente son utilizados por la agricultura intensiva y extensiva que invade, como tampoco deben ser contaminadas con bacterias coliformes fecales aportadas por los desechos sólidos de más de 3 mil trabajadores que no disponen de adecuados servicios sanitarios, lo que facilita que las lluvias transporten los contaminantes químicos y bacteriológicos hasta las provincias antes citadas, y eso es injusto.

Es urgente completar el desalojo de la agricultura de Valle Nuevo y comenzar un inmediato programa de reforestación de toda la zona depredada en los últimos años, a los fines de garantizar las aguas de la presa de Jigüey, de la central hidroeléctrica de Jigüey, de la presa de aguacate, de la central hidroeléctrica de Aguacate, de la presa de Valdesia, de la central hidroeléctrica de Valdesia, del acueducto Valdesia-Santo Domingo, del acueducto de San Cristóbal, de la presa de las Barías, del canal Marcos A. Cabral, del canal Nizao-Najayo, de la presa de Sabana Yegua, de la central hidroeléctrica de Sabana Yegua, del canal Ysura, de la presa de Monte Grande, de la presa de Río Blanco, de la central hidroeléctrica de Río Blanco, de la presa de Hatillo, de la central hidroeléctrica de Hatillo, y de la zona arrocera del bajo Yuna, lo que indica que las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Bahoruco, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez dependen de esas aguas.

Firmemos un pacto político para la protección de Valle Nuevo.

El Caribe

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